Entre la ley y la acción.
Con la cada vez más activa decisión de los ciudadanos ligados a un partido político de no actuar con disciplina y apostarse por el ejercicio de sus derechos ciudadanos, por aquello del reino neoliberal que se impone por doquier, ha provocado que el Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, sea una actividad en aumento en cada inicio de las campañas electorales tanto locales como federales. En el presente proceso y por lo bizarro del mismo para aprovechar el fenómeno de la rentabilidad electoral o el amarre de los compromisos, este ejercicio jurídico ciudadano se ha extendido a todos los partidos políticos; llama la atención de manera significativa mirar en la relación de (JDC) como los abrevia el TEPJF, a un conjunto de nombres relacionados en otro momento con personajes importantísimos e inclusive intocables. Hoy día recurren a la Sala Superior en la espera de subirse a ejercer un derecho que sus organizaciones por distintas situaciones consideraron que no les tocaba, o no pasaron la prueba del procedimiento interno democratizante a que están obligados a practicar cada partido político.
Ninguna organización se salva: PAN, PRI, PRD estos dos últimos en sus diferentes versiones por aquello de sus coaliciones. Para el caso de Puebla destaca de manera particular el caso Meza Cabrera que involucra al ex gobernador poblano Melquíades Morales y al ex presidente estatal del PRI Mario Montero, porque ante la impugnación de su nominación el TEPJF sencillamente ha señalado que se reponga el procedimiento de nominación y aunque se busque un conjunto de argumentaciones y explicaciones, los candidatos al senador del PRI por Puebla formalmente dejaron de tener el status de candidatos, regresaron a su situación de simples ciudadanos aspirantes a un puesto de elección popular, con la ventaja de que no obstante que la ley electoral ya cerró la fecha del registro, por mandato de una autoridad especializada en materia electoral, se está ordenando reponer el procedimiento, donde ellos por supuesto que deberán participar, además de un ciudadano más: el impugnador René Meza Cabrera.
No obstante que el TEPJF no dijo que deberían de dejar de hacer campaña, resultaría tautológico afirmar esto, particularmente porque solamente están autorizados a realizar campañas electorales quienes son candidatos. Se ha afirmado por lúcido consejero local del IFE en Puebla, que la resolución es ambigua, ah, entonces se debió haber alentado a René Meza ha hacer también proselitismo. Se podrán argumentar los razonamientos que se quieran, pero lo que muestra la interpretación facciosa de la resolución, es el ejercicio de una práctica poblana de violación constante de las normas electorales.
Son innumerables las ocasiones en las cuales en Puebla se mira propaganda de candidatos a algún puesto de elección popular, sin que sea tiempo de campañas electorales, cuando apenas es el de previo a las precampañas, y hasta el cansancio se ha anotado la anomalía, en algunas raras ocasiones la autoridad electoral actúa y solicita la abstención de la publicidad, sin ningún resultado. La orden de suspender campañas ha funcionado sólo cuando han sido los propios partidos políticos los que la exigen. Así ha quedado demostrado tanto en el PAN como en el PRI. Ahora la coalición “Alianza por México” no ha dicho nada, es más se complace con el proselitismo de sus no candidatos al senado por Puebla aprovechando que el abogado y diputado federal Meza Cabrera, no sería capaz de arriesgarse a hacer también campaña política, mientras se resuelve en definitiva el conflicto. El jurista serrano y legislador federal ha amenazado una medida futura en caso de que no se respete el derecho, intentar dejar sin candidatos al senado por Puebla a los priístas, ojalá y cumpla su palabra, ojalá su lucha lleve a una actuación de los políticos congruente entre su actuar y la ley.
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