La entrevista que Jean Succar Kuri dio a Televisa permite sacar varias conclusiones:
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Los medios locales (con excepción de CAMBIO, la 1010AM y La Jornada de Oriente) siguen dándole una difusión escasa al caso Cacho. Resulta notorio que los medios electrónicos le han hecho un gran desaire a este tema, como si no les importara o siguieran una línea editorial que busca hablar lo menos posible del asunto. Se confirma que la autocensura es peor que la censura institucional.
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Si bien es cierto que Succar Kuri señaló que no conoce al gobernador de Puebla, también lo es que reconoció que su amigo, Kamel Nacif, le prestó mucho dinero para su defensa, lo que implica que Lydia Cacho tenía razón cuando escribió en su libro que el ex “Rey de la Mezclilla” defendió al acusado de pederastia.
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En ese sentido, si Lydia Cacho no mintió en su libro al vincular a Kamel Nacif con la defensa de Jean Succar Kuri, entonces, la jueza Rosa Celia Pérez no tenía por qué emitir una orden de captura en su contra y la procuradora Blanca Laura Villeda tampoco debió haber ordenado su detención, lo que – de entrada – deja sin efecto muchos de los argumentos de defensa esgrimidos por el gobierno estatal.
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Además, con la participación de Kamel Nacif en la defensa de un pederasta confeso - como se convirtió Jean Succar Kuri al confirmar haber sostenido relaciones sexuales con una niña de 14 años - la conversación del empresario con el llamado “góber precioso” dada a conocer el 14 de febrero genera la duda fundada de si el mandatario se prestó al “coscorrón” contra la periodista y por qué.
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Incluso, las palabras del indiciado (su “devoción” a las niñas) podrían confirmar las denuncias de Lydia Cacho sobre la existencia de la pederastia y de una rede de protección a este delito, ya que cabe preguntarse por qué Kamel Nacif le prestó dinero para su defensa y por qué hizo que el gobierno de Puebla castigara la denuncia pública de la escritora.
En fin, las palabras de Jean Succar Kuri no tienen desperdicio, si es que se pretende hacer un análisis de ellas y proyectar su impacto en la entidad. Otro hecho importante relacionado con el caso Cacho fue la nota de La Jornada acerca de que, supuestamente, la investigación de la SCJN habría dado como resultado que sí se violaron las garantías individuales de la autora y que los supuestos culpables son el gobernador, la procuradora y la jueza, entre otros altos funcionarios.
De confirmarse que esta noticia es acertada, representará una severa condena moral y política para el gobierno, que seguramente trataría de quitarle importancia diciendo que en términos jurídicos carece de importancia, pero el impacto negativo sería tan demoledor, ya que implicaría que el máximo tribunal del país certificó que el mandatario y algunos de sus funcionarios de primer nivel violaron las garantías individuales de una escritora siguiendo las “instrucciones” de un empresario que protege a un pederasta. Así de simple.
Y las preguntas que el gobierno de Puebla tendrá que hacerse son: ¿se puede mantener el poder, después de haber sido evidenciado por la SCJN ante la opinión pública como una administración que atentó contra las garantías individuales de una periodista que lucha contra la pederastia y que incurrió en tráfico de influencias y en corrupción?
¿Con qué cara, el Instituto Poblano de la Mujer, la PGJ, la Policía Judicial, la CEDH, la procuraduría del Ciudadano, el DIF estatal y las demás instancias supuestamente protectoras de los poblanos, se atreverán a presentarse ante la ciudadanía, para promocionar sus programas y garantizar que hay “avances” en la entidad.
¿Y el PAN, la cúpula empresarial y el gobierno foxista, cómo harán para justificar su respaldo explícito y público a un mandatario condenado por la SCJN?. El pacto entre Felipe Calderón y Mario Marín, ¿alcanzará para que el panista lo sostenga en el poder, pese a todo?, ¿qué nuevas concesiones económicas y políticas tendrá que hacer el gobernador de Puebla con sus aliados coyunturales, para que le permitan quedarse?
La sombra del interinato se cierne sobre México por el conflicto poselectoral, ¿también en Puebla se podría concretar esa posibilidad, o los poderes fácticos mantendrán a un Ejecutivo ilegítimo?, ¿hasta dónde llegará la permisividad e indolencia de los poblanos?
En su momento, todas estas interrogantes (y muchas más) tendrán que contestarse y parece que falta poco para que ese instante llegue.
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