Resolutivo de la SCJN
Mi solidaridad y reconocimiento para Arturo Rueda, por
superar la embestida irracional del poder absolutista
Ayer, varios columnistas muy bien informados manejaron la posibilidad de que, hoy, la SCJN dé a conocer su propuesta de resolutivo sobre el lydiagate, con lo que, supuestamente, acabaría o recobraría fuerza el escándalo político y social que ha durado más de seis meses y que, hasta el momento, no se sabe cómo y cuándo concluirá.
En este contexto, quizá sea pertinente arriesgar algunas proyecciones sobre cómo reaccionaría el gobierno estatal, en caso de que la SCJN emita un fallo positivo o negativo para él. Es importante aclarar que lo que se leerá a continuación son meras conjeturas, especulaciones basadas en las actitudes y declaraciones previas de los funcionarios involucrados.
Veredicto favorable
Si los ministros dictaminan a favor del gobernador y determinan que no tiene nada de irregular que un mandatario ordene al aparato de justicia estatal dar “un coscorrón” a una dirigente social opuesta a la pederastia, es posible que el ejecutivo y sus aliados emprendan una serie de acciones de desagravio, con las que – magnánimamente- permitirán que los poblanos le pidan perdón.
La primera podría ser una megamanifestación en el Centro Histórico de Puebla, donde los espontáneos de la CTM, la CNC, la CROM y la CROC desfilarían con los dirigentes del CCE, de la jerarquía católica poblana, para agradecer al señor el “precioso” salvamento recibido y pedir perdón por los poblanos que dudaron de tan distinguido y honorable funcionario.
La administración estatal quedaría tan “fortalecida”, que podría ejecutar los cambios pospuestos desde hace algunos meses: Jean Succar Kury sería nombrado por la mayoría priísta del Congreso local como el nuevo fiscal antipederasta, gracias a su reconocido amor por las niñas de 14 años y a la filantropía demostrada hacia una de ellas. Quien quita y el empresario regale una casa de 800 mil pesos a cada niña necesitada.
En vista de que el gobierno tiene una intención real de recomponer su relación con los medios, es probable que Kamel Nacif Borge sea designado como director de Comunicación Social por su especial don de detectar “asquerosidades periodísticas” y sancionarlas con apoyo de la PGJ, de la Policía Judicial estatal y de sus guardaespaldas personales. Sin duda, las “difamaciones y calumnias” al mandatario y sus secuaces, perdón, amigos y colaboradores se reducirían drásticamente con estos métodos.
Una vez demostrada su vocación de servicio a favor de las garantías individuales de las mujeres y por su trabajo en la promoción de la equidad de género y del bienestar de los niños, Blanca Laura Villeda sería nombrada presidenta vitalicia, honoraria y suprema del Instituto Poblano de las Mujeres, donde podría instruir a sus congéneres sobre las “tortilleras” y su esencial rol social y corrector en las cárceles femeninas de Puebla.
El lugar de Blanca Laura Villeda en la PGJ podría ser ocupado por Legalita, la chimpancé que en este momento funge como asesora legal de la funcionaria y que ha demostrado el mismo apego al Estado de Derecho de la procuradora. De esta manera, los periodistas y los poblanos no extrañaríamos las monerías que en la dependencia se hacen de un tiempo a la fecha.
Alejandro Fernández Soto llegaría a la secretaría de Cultura, después de su férrea defensa de la tradición gastronómica del estado representada por las cemitas de la zona del Carmen. También podría asumir la titularidad de la CEDH por su disposición a usar los recursos gubernamentales a favor del “cuidado especial” de los grupos inconformes, como lo hizo cuando envió una camioneta a proteger una reunión del Frente Cívico.
Además de cambios en el gabinete, se podría concretar el relanzamiento del gobierno, solamente sería cuestión de relanzarlo lo más lejos posible del estado, sin boleto de regreso.
Si el dictamen es desfavorable
En el muy improbable caso de que los magistrados encuentren al gobernador y a algunos de sus funcionarios culpables de violar los derechos humanos de Lydia Cacho, la administración tampoco tendría el menor problema, ya que bastará con que “los expertos” Blanca Laura Villeda y Ricardo Velásquez digan que los magistrados no conocen las leyes, para que los poblanos recuperemos la tranquilidad y la confianza en el gabinetazo estatal.
Incluso, los funcionarios podrían recurrir al argumento de que el Lydiagate se acabará después del 15 de enero del 2011, para demostrar – sin ninguna duda – que todo fue una maniobra orquestada con fines electorales y que nadie oyó lo que oyó, ni vio lo que vio en las entrevistas televisivas del gobernador.
La mayoría priísta en el Congreso local difundiría en todos los medios informativos y publicaría en el diario oficial la exoneración al gobierno estatal, documento que Pericles Olivares y compañía tienen listo desde el 13 de febrero de este año y que demuestra – a todas luces- que el caso Cacho sólo fue un “mito genial”.
Además, Rogelio Sierra Michelena grabaría otros 10 segmentos de Avances resaltando la buena relación de su empresa, perdón, de los “empresarios” con el gobierno estatal, para que los poblanos nos demos cuenta de lo peligroso que sería perder la decena de empleos que se han creado en este sexenio.
Juan José Rodríguez Posada, Armando Adame Sosa y demás representantes de la iniciativa privada (de raciocinio) continuarían legitimando al gobierno enfatizando que el fallo adverso de la SCJN no representa ningún problema y que ellos están dispuestos a seguir haciendo jugosos negocios, perdón, “inversiones”, a costa del erario público.
Incluso, los panistas que se aliaron coyunturalmente con la administración estatal - empezando por Vicente Fox, Carlos Abascal y descendiendo hasta Eduardo Rivera Pérez – continuarían en su postura de que el Lydiagate nunca ocurrió y que el chantaje, perdón, el apoyo que le dan al mandatario no tiene absolutamente nada qué ver con obtener concertacesiones electorales permanentes hasta el 2011.
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