La peor crisis de las instituciones en la historia del país
En los días recientes, los medios de comunicación electrónicos favorecidos por la Ley Televisa, un sin de organizaciones sociales inexistentes o creadas sólo para legitimar la porqueriza del 2 de julio, la jerarquía católica, las cúpulas empresariales y el PRIAN mantienen una fuerte campaña, para “defender a las instituciones” y exigir que se respete el fallo del Tribunal Electoral.
Al mismo tiempo, el PRIAN, sus voceros en los medios informativos y los gobernadores prianistas han resaltado que respetarán el fallo del tribunal. Más concretamente, un cada vez más gris Felipe Calderón Hinojosa aprovecha cualquier oportunidad en los medios, para señalar que él sí acatará el resolutivo, como una obvia señal de que mientras López Obrador critica a las instituciones, él sí las respeta.
El problema que Calderón y su coro de niños cantores enfrentan es que las instituciones del país enfrentan un severo problema de credibilidad y legitimidad. ¿Cómo creer en un IFE partidizado, sesgado, que avaló las intervenciones electorales ilegales de la jerarquía católica, de las cúpulas empresariales y del propio Vicente Fox a favor de un candidato y en contra de otro y que ni siquiera pudo (o quiso) contar bien los sufragios?
¿Cómo creer en un tribunal electoral autista, que utiliza argumentos legaloides para no contar los votos en una elección competida, cerrada y cuestionada, como hizo en su sesión de ayer?. Los magistrados millonarios de la SCJN y del Tribunal electoral forman parte de las oligarquías del país, por ello, se asumen y actúan como tales defendiendo sus privilegiados sueldos de más de medio millón de pesos mensuales.
Es claro que Calderón Hinojosa acatará el resolutivo del tribunal, porque sabe que le será favorable, como lo han sido los de las últimas sesiones en que el organismo se negó a darle certeza a la elección utilizando elementos legaloides propios de la república bananera en que México se ha convertido gracias a gobernantes como Vicente Fox, Ulises Ruiz, Sergio Estrada Cajigal, Mario Marín, entre muchos otros.
¿Cómo creer en un presidente de la República más ocupado en defender a sus hijastros de las cada vez más numerosas y fundamentadas acusaciones de corrupción, que en promover el desarrollo del país?, como lo demuestra el hecho de que, según el INEGI, 1.9 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza alimentaria por el fracaso de la política social foxista.
¿Se puede creer en una SCJN politizada, maiceada por el Ejecutivo federal, que se maneja con claros sesgos partidistas, como lo reflejan el interés y la contundencia inicial con que los magistrados asumieron el preciosogate y la dilación con que resuelven el asunto después de la integración del PRIAN?
La segura exoneración del gobernador de Puebla – manejando argumentos legalistas similares a los que usó el tribunal electoral – solamente demostrará los alcances de la impunidad pactada entre los gobernantes prianistas y dejará en claro que, aunque en la opinión pública prevalezca la percepción fundada de que Mario Marín es culpable de abuso de poder y de intento de violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, la ceguera de “la justicia” es tal que le impide ver la realidad.
¿Se puede confiar en partidos políticos prostituidos, cooptados por burocracias doradas que hacen pactos y alianzas en lo oscurito? La conversación entre Víctor Hugo Islas y Manuel Espino solamente evidenció la descomposición interna que padecen los partidos y que se refleja en la existencia del PRIAN, un engendro sin ideología, sin propuestas, con intereses cortoplazistas basados en la necesidad de autolegitimarse, de mantener privilegios ilegales y de ocultar sus respectivas tropelías.
¿Hay que confiar en los medios de comunicación oligopólicos, hacedores de idiotas útiles capaces de creer que se puede permanecer 9 meses en el mar, sin que sol afecte la piel y sin que el escorbuto se haga presente? Nadie con dos dedos de frente puede aceptar la veracidad de una historia que las televisoras quieren vender, sólo para ocultar la difícil situación en que se encuentra el país ante la pobreza, la delincuencia y la impunidad que generan el descontento ciudadano y el desmoronamiento de las instituciones.
Las bodas de dos pares de viejitos difundidas en todos los noticiarios locales de radio y TV este día demuestran que sus líneas editoriales solo sirven para legitimar a un gobierno estatal enjuiciado y deslegitimado por usar facciosamente el poder del estado y ponerlo al servicio de un empresario, en detrimento de una luchadora de los derechos de las mujeres.
Los dueños y representantes de la mayoría de los espacios informativos electrónicos actuales son los mismos que ocultaron los genocidios de 1968 y 71 y que justificaron el fraude electoral de 1988. Algo hay que reconocerles: son congruentes en su objetivo de ser rémoras del poder político y disfrutar prebendas que los convierten en cómplices de lo que ocurre en el país.
¿Se puede creer en las cúpulas eclesiásticas que, al amparo de la fe, participan abiertamente en las campañas políticas, manipulan a sus feligreses, crean demonios falsos y redimen instituciones corruptas, sólo para mantener los privilegios que les ha otorgado un gobierno de derecha?
¿Hay que creer en las mismas organizaciones empresariales, cuyos dirigentes son incapaces de generar empleos, de pagar bien a sus empleados y viven de hacer negocios sucios con los gobiernos en turno, cuando todos los trabajadores sabemos que lo único que buscan es una “reforma laboral”, para aumentar las ganancias a costa de sus empleados?
Las instituciones solamente son defendibles cuando cumplen con los objetivos originales para las que fueron creadas, algo que – obviamente – no está ocurriendo en un país bananero, cuyos niveles de polarización social, confrontación política, corrupción, pobreza, criminalidad, marginalidad e impunidad demuestran, precisamente, el fracaso de dichas “instituciones”.
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