Prensa a modo
El lunes, el gobernador declaró que en su administración se había acabado la censura en Puebla y que los medios cuentan con total libertad. Después de analizar un poco, llegué a la conclusión de que el mandatario se refiere, sin duda, a algunos espacios informativos nacionales o de otras entidades.
Porque basta con ver algún noticiario electrónico (con honrosas excepciones como La Quintacolumna en la 1010 AM y el Diario CAMBIO, para constatar que en muchos casos la agenda mediática estatal no es dictada, precisamente, por los intereses de los lectores o los radioescuchas.
Un ejemplo claro es que durante esta semana los espacios informativos locales ignoraron olímpicamente lo que ocurre en Quintana Roo con Jean Succar Kuri, a quien se le dictaron cuatro órdenes formales de aprehensión.
Al parecer, la gran mayoría de sesudos columnistas políticos poblanos no vio relación alguna en lo que le suceda a la persona cuyo juicio en Estados Unidos motivó la plática entre Kamel Nacif y Mario Marín Torres en diciembre pasado y la investigación que realiza la SCJN sobre el asunto.
Tampoco se le dio importancia a la serie de declaraciones de la procuradora contra Lydia Cacho, pese a que reflejan que la supuesta funcionaria estatal mantiene una pugna personal contra la periodista, pese a que es grave que la procuración de justicia en la entidad esté en manos de quien se comporta como un bravucón de barrio sin mesura ni sentido común.
También pasó casi desapercibido el triste sainete que protagonizaron Pericles Olivares y Javier López Zavala peleándose por el crédito de haber solucionado de manera provisional un conflicto en Ajalpan. Es triste y sintomático que dos de los miembros más importantes de la burbuja gubernamental tengan tan poco de qué presumir que deban disputarse el arreglo provisional de un problema municipal.
Por si fuera poco, casi nadie ha reparado en la actitud de Roberto Morales Flores de aferrarse al cargo, pese a todas las señales que le exigen que renuncie. Es claro que el secretario de Salud piensa que no debe irse por una razón: si no ha sido removida la procuradora cuyas graves fallas generaron una crisis de la que la administración no atina a salir, ¿quién tiene la autoridad moral o política para exigirle que se vaya?
Más todavía: si el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública que abusó de su puesto y lo aprovechó para mandar a espiar al Frente Cívico sigue tan campante, sin que la Contraloría o su jefe lo hayan sancionado, entonces, ¿por qué Roberto Morales debería dejar un cargo por una simple acusación probada de corrupción?.
Otro detalle poco difundido en los medios es el triste papel de un secretario de Educación Pública que ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo salarial con los maestros y que tampoco logra solucionar las cotidianas quejas de padres de familia por los cobros ilegales que nadie logra parar en las escuelas públicas.
Además, el gobierno lleva casi dos semanas difundiendo la firma de un convenio con Microsoft que todavía no produce ningún beneficio para la entidad, lo que refleja los escasos resultados en materia económica, pese a que una buena parte de la cúpula empresarial haya sido lo suficientemente corrompida, como para no cuestionar la inmovilidad que padece Puebla.
Sin embargo, un buen porcentaje de los columnistas político parece estar más interesado en seguirse equivocando al vaticinar los cambios en el gabinete, que en efectuar un análisis serio de las consecuencias que el Lydiagate está generando a la entidad en los rubros político, social o económico.
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