A 100 días: el saldo (segunda parte)
La semana pasada, hablábamos del saldo que – hasta el momento – ha dejado el escándalo maringate, después de sus primeros 100 días. Un análisis seco y objetivo establece que la credibilidad, confianza y legitimidad del sistema priísta sufrieron severos menoscabos que difícilmente se podrán revertir con campañas mediáticas.
En esta ocasión, es tiempo de ver qué ha sucedido con los protagonistas y causantes del escándalo y sus derivados:
Mario Marín Torres- se convirtió en un gobernador en fuga, en una especie de sombra que intenta recuperar algo de la confianza ciudadana perdida repartiendo dinero a universidades, ayuntamientos, organizaciones sociales y empresariales creadas ex profeso y a cualquiera que se le acerque y le diga que le cree. Su principal problema ahora es que su debilidad y soledad son tan grandes, que dentro de su propio equipo de trabajo se han recrudecido las indisciplinas, las fugas de información, los golpes bajos y los escándalos de corrupción. Vamos, ni siquiera ha podido hacer renunciar a la procuradora y al secretario de Salud.
Javier López Zavala- autoerigido en una especie de poder de facto y faccioso, fracasó en su intentona de callar a los críticos del gobernador mediante el uso de la fuerza. Actualmente, pone y quita candidatos y dirigentes del PRI, da línea a algunos periodistas, trata de amenazar a algunos ediles y organiza protestas contra los ayuntamientos que le son incómodos. Sin embargo, es incapaz de resolver conflictos reales en municipios (caso Ajalpan) y tampoco logra poner orden en un gabinete que hace aguas por las acusaciones de corrupción en diversas áreas. Se mantiene en el cargo gracias a su supuesta lealtad, no a sus resultados o al buen trabajo. Sus torpezas han sido premiadas con la ratificación en la secretaría de Gobernación.
Valentín Meneses-Fue incapaz de elaborar una estrategia mediática y política que le permitiera a su jefe resentir en menor medida el daño causado por las grabaciones con Kamel Nacif. En lugar de ello, logró que el conflicto creciera al hacer que el mandatario se exhibiera en noticiarios nacionales cayendo en innumerables contradicciones. No conforme con eso, hizo que el gobernador expusiera ante los medios locales un notorio empecinamiento al negar las fallas que todos los demás poblanos vimos que se cometieron. Su única virtud es la cercanía con Mario Marín Torres y sus errores le hicieron merecedor a un sobresueldo de 102 mil pesos mensuales y a un cargo en el DIF, que le permite seguir promoviendo su imagen política.
Rosa Celia Pérez – Paso a la fama pública no por sus buenas resoluciones como jueza del TSJ de Puebla, sino por su dictamen contra Lydia Cacho. Mientras supuestamente se le investiga por el caso, goza de vacaciones pagadas y su jefe, Guillermo Pacheco Pulido, ya declaró antes de que se conozca el resultado de las indagaciones, que mete las manos al fuego por ella.
Blanca Laura Villeda – Se autoevidenció al declarar públicamente que no le había enviado ningún citatorio a Lydia Cacho, para impedir que se armara un escándalo mediático mayor al que se hizo. Su permanencia en la PGJ evidencia alguna debilidad de un gobierno que ya no la quiere ni la necesita, pero que – por alguna razón todavía desconocida - no la puede remover. La procuradora y sus actos cursis (como el bautizo de unos niños y el uso de una mascota) representan una caricatura de la justicia poblana, que parece ser bien representada por ella. Hasta el momento, Blanca Laura Villeda no solamente no ha sido sancionada por sus excesos y frivolidades, sino que fue premiada con la renuncia de su rival Adolfo Karam.
Adolfo Karam- Aunque trató de mantenerse alejado del escándalo, defendió el procedimiento de hacer que los judiciales armados trajeran a Lydia Cacho vía terrestre en un viaje que, por sí mismo, resulta atentatorio contra los derechos humanos y está afuera de toda lógica. No fue sancionado por su actuación en el caso Cacho, sino que fue reconocido con una subsecretaría de la SCT, que debió dejar por la supuesta filtración a El Universal donde se evidencia una presunta irregularidad de la procuradora. En pocas palabras, Karam fue sancionado por su supuesta falta de lealtad al proyecto marinista, no por las violaciones a las garantías humanas de la periodista.
Alejandro Fernández- Violó la ley al usar la estructura del gobierno para espiar a los miembros del FCP, lo que deslegitimó (aún más) a la administración y ratificó la preocupación gubernamental por las actividades del grupo opositor. Vaciló al justificar el espionaje y ello demostró en manos de qué tipo de funcionario se encuentra el Consejo Estatal de Seguridad Pública, una de las áreas que debería ser bien cuidada y que, por lo visto, es usada con fines políticos. Su torpeza fue premiada manteniéndolo en el puesto, aunque no se sabe si por lealtad o por algún tipo de compromiso o de valor entendido.
Ricardo Velásquez –El consejero jurídico del gobierno primero aplicó la estrategia de que la charla con Kamel Nacif era producto de un espionaje y, por eso, no tenía validez legal. Después, cuando se recurrió al discurso de negar la conversación y de crear la supuesta fiscalía contra la pederastia, incurrió en contradicciones al defender la propuesta y reconocer que los atentados contra los niños no son frecuentes en la entidad. Más tarde, señaló que la SCJN no atraería el caso… y se equivocó. Se mantiene en su puesto gracias a la lealtad hacia el mandatario.
Pericles Olivares Flores- Ha tenido un notorio éxito bloqueando o dilatando cualquier intento de investigación legislativa sobre el caso Cacho, pese a que esto ha evidenciado la dependencia y obediencia que el Congreso local mantiene hacia el gobierno y que la división de poderes no se aplica en Puebla. El gran éxito de la actual legislatura local (en especial de la mayoría priísta) es demostrar con hechos a la ciudadanía que la existencia del Congreso representa un gasto inútil y que no existe una verdadera representación popular en el edificio de la 5 poniente.
En conclusión, casi todos los involucrados en el caso Cacho han visto premiada sus respectivas actuaciones manteniéndose en el cargo o siendo removidos a puestos mejores, lo que puede dar lugar a muchas conclusiones.
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