Caso maringate, crónica del oprobio (primera parte)
Mentiras, verdades a medias y contradicciones hundieron (y mantienen hundido) al gobernador Mario Marín Torres y a su administración a raíz del llamado caso Cacho, que evidenció el abuso de poder, el tráfico de influencias y la complicidad de los políticos con los empresarios que financian sus campañas.
Este asunto, también, demostró que para un gobernante agarrado con las manos en la puerta es igual de malo ser atrapado por la opinión pública y publicada que mostrar una conducta errática, falsa y titubeante en los momentos de crisis, como lo hicieron el mandatario estatal, sus colaboradores y todos los involucrados en el maringate.
Mediante una revisión hemerográfica, se pueden constatar fácilmente las contradicciones, mentiras y el doble lenguaje en que han incurrido los involucrados en este escándalo a raíz de que fueron desnudados el 14 de febrero. Es importante la actitud titubeante de Kamel Nacif que, a finales del año pasado, presumía a La Jornada , Milenio y Reforma el apoyo del gobierno de Puebla en su vendetta contra Lydia Cacho.
De igual manera, Marín Torres primero negaba y luego confirmaba la autenticidad de la plática con el textilero. Además, en un inicio calificaba a Lydia Cacho como delincuente y, días más tarde, en una entrevista en ABC Radio y El Sol de Puebla, externaba un público reconocimiento a la misma por su lucha social.
Admite Kamel Nacif apoyo de Gobernador Marín
El 24 de diciembre, entrevistado en el diario Reforma, Kamel Nacif admitió el apoyo del Gobernador de Puebla, Mario Marín, para generar una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho por supuestas calumnias y difamación en su agravio. "Le pedí al señor Gobernador (de Puebla) de que está señora me está calumniando, así, así, y él me dijo: aquí no se calumnia a nadie, y ¡pum!, que le dictan la orden de aprehensión.”
Por esos mismos días, en Milenio, el rey de la mezclilla no sólo reiteraba sus acusaciones contra Lydia Cacho, sino que ponderaba la actuación del gobierno contra ella, al subrayar que “al señor gobernador no le tembló la mano”, para detener a la escritora.
El 22 de diciembre, la procuradora Blanca Laura Villeda reconoció a La Jornada por qué no se le avisó a Lydia Cacho del proceso que se le seguía, al aceptar que si no se le había notificado sobre la orden de aprehensión en su contra fue para evitar que hiciera “un escándalo”.
Sospechosas coincidencias
A finales del año pasado, mucho antes de que La Jornada diera a conocer las grabaciones de Kamel Nacif con Mario Marín Torres, era sospechosa y notable la coincidencia declarativa de ambos respecto a Lydia Cacho, a quien los dos calificaban como delincuente.
El 23 de diciembre, Reforma publicó una afirmación de Marín Torres acerca de que “en Puebla se respeta la Ley , no hay impunidad contra nadie, y a la persona que comete un delito se le llama delincuente; para mí es un delincuente o una delincuente que cometió un delito”. Esto ocurrió un día antes de que la jueza Rosa Celia Pérez dictara su resolución, en la que, curiosa y sospechosamente, confirmaba el veredicto marinista.
"Lydia Cacho es una delincuente, la reto a que se someta a la prueba del polígrafo, solicitaré la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que determine quién de los dos miente", así se expresó – nuevamente – el gobernador de Puebla el 15 de febrero, cuando dio una rueda de prensa para tratar de atajar lo que – para esas fechas- ya era un escándalo mundial.
El 22 de diciembre, Kamel Nacif asentaba en La Jornada su exigencia de que la periodista fuera enviada a prisión: "que la metan a la cárcel, "que sea hombrecita; que demuestre lo que dice. A la mala, yo soy muy malo. Esa llorona no se va a salvar, ¿eh?".
Incluso, el ensoberbecido empresario que dio miles de utilitarios a la campaña del gobernador abundó que, si la luchadora social no se retractaba, “ahí va la segunda demanda por daños y prejuicios. A ver cómo me va a pagar. Para que se siga quejando. Ella anda por la televisión diciendo que tiene pruebas documentales de que yo tengo que ver con algo tan asqueroso. Ella se queja de sus derechos humanos, cuando lo que es, es una criminal”.
Hasta ese momento, antes del 14 de febrero, el maringate era solamente una de esas historias indigentes y asquerosas - tan comunes en países y estados bananeros como México y Puebla - en las que la ciudadanía cuenta con elementos reales y sólidos, para sospechar de contubernios y abusos de autoridad y de poder cometidos por gobernantes y empresarios adinerados.
Antes del Día del Amor y la Amistad , el gobierno podía responder que eran simples casualidades la coincidencia de Mario Marín y Kamel Nacif en calificar a Lydia Cacho como delincuente, la arbitraria actuación de una procuradora que oculta a la afectada el proceso que se le sigue y la dudosa resolución de la jueza Rosa Celia Pérez que, un día después de que el gobernador y el empresario condenaran a la periodista, le dicta orden de formal prisión, como si siguiera a pie juntillas una instrucción superior.
Sin embargo, poco después, el complot, la colusión y las complicidades quedarían expuestas, mediante una serie de conversaciones que dejaron en claro cómo se concibe y para qué se usa el poder en Puebla. Pero ésa es otra historia que se relatará – si es posible – en las siguientes entregas.
> Columnas anteriores
|
