Caso Maringate, crónica del oprobio (cuarta y penúltima parte)
Soberbio, sobrado, confiado en que el pacto (que él había cumplido al hacerle ganar la contienda por la presidencia, 12 de las 16 diputaciones federales y las 2 senadurías en disputa) con Felipe Calderón Hinojosa le garantizaba la impunidad deseada, Mario Marín Torres esperaba ansioso el resolutivo de la SCJN , sin prever que – una vez entregado al PAN el poder político en el estado- se había convertido en un socio incómodo e indeseable, para un “presidente electo” urgido de legitimación ciudadana.
El martes 19 de septiembre, los magistrados deciden poner en jaque a la administración marinista al desechar el dictamen light que lo exoneraba (sin investigarlo siquiera) de la violación a las garantías individuales de Lydia Cacho. Una mayoría aplastante (7 votos contra dos) llegó a la conclusión de que sí hay elementos para indagar la supuesta protección de pederastas en Puebla y, con ello, parece que echó a perder la concertacesión o transición pactada, aunque las reuniones en lo oscurito entre Mario Marín y la cúpula panista hacen prever lo contrario.
Ese mismo día, medios nacionales difundieron nuevas pláticas del mecenas incómodo, quien daba a uno de sus empleados (hoy subsecretario de Finanzas en la entidad) órdenes claras de donar 60 mil camisetas a la campaña de Marín Torres. Hasta ahora, ni el PRI, ni el gobernador y mucho menos el IEE han aclarado forma y cuantía de las aportaciones de Kamel Nacif al gobernador.
Fiel al doble lenguaje con que se ha conducido a lo largo de este proceso, el gobernador declaró (mediante boletines de prensa e inserciones ya grabadas) dar la “bienvenida” a la indagatoria de la SCJN. Pocos días después, el 25, Marín Torres reconoció que los magistrados lo habían puesto en jaque y que se sentía desconcertado y sorprendido por la “actitud” de los ministros.
Su gabinete, nuevamente, incurrió en contradicciones al hablar del tema. Su consejero jurídico Ricardo Velásquez trató de minimizar el dictamen al enfatizar que no era un revés para el gobierno “ya hemos sido exonerados 2 veces, lo seremos otra vez. La decisión tiene un alcance político”.
Siguiendo su costumbre de seguir su propia línea mediática y política, sin importarle lo que hagan o digan el resto del gabinete o el gobernador, la procuradora Blanca Laura Villena acusó queo “es posible que los magistrados estén equivocados”.
Salen a su defensa el PRI, PT, Convergencia, PVEM
La resolución de la corte se convirtió en un parteaguas en el caso, ya que el PAN externó y publicitó su supuesto desconocimiento al pacto con Marín Torres, cuando su dirigente estatal, Eduardo Rivera, acompañado del coordinador de los diputados federales poblanos panistas, Guillermo Velásquez Gutiérrez, dio su postura de de pedir que el mandatario dejara el cargo y de exigir una investigación profunda al gobernador y a los funcionarios supuestamente involucrados en el abuso de menores.
Otra legisladora federal del PAN, Violeta Lagunes, confirmó el rompimiento unilateral del acuerdo al enfatizar que “el gobernador es responsable de la violación” (a las garantías de la periodista y que, aunque fuera sin el apoyo de sus compañeros, se comprometía a retomar el caso.
A través de su presidenta estatal, María Elena Cruz Gutiérrez, y del diputado local Rodolfo Huerta Espinosa, el PRD reiteró su veredicto de culpabilidad, al ponderar la actuación de los magistrados e insistir en que sí se violaron las garantías indivuduales de Lydia Cacho.
Fiel a su papel de defensor de oficio y oficioso del mandatario, Juan Manuel Vega Rayet, sedicente presidente del PRI, refutó que no hay elementos para culparlo y que Kamel Nacif solamente quería “salvar su pellejo” con la publicación del desplegado en que reconoció la autenticidad de todas las grabaciones. Más realista, el titular del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido, aceptó que la resolución tendrá un efecto social, aunque será ajeno a lo que diga el otro poder (el legislativo).
Siempre pegados a la ubre del PRI, con tal de mantenerse en el presupuesto, representantes de supuestos partidos de oposición se sumaron voluntariamente a Vega Rayet en la defensa marinista. Todos siguieron el mismo discurso legaloide esgrimido por el gobierno.
Mariano Hernández Reyes, diputado del PT, se autoerigió como erudito en leyes y señaló que “no hay elementos para culpar al gobernador, pero los magistrados tienen que resolver dudas. No se puede acusar a nadie sin demostrar lo contrario. El tribunal debe cuidar el fallo”.
Juan Aguilar Hernández, supuesto legislador del PVEM, insistió en que no hay bases jurídicas para culpar a Mario Marín Torres”. El oficialismo de José Juan Espinosa, diputado y “dirigente” estatal de Convergencia fue más allá, al asegurar que “no hay delito qué perseguir en relación al gobernador, pero hay indicios suficientes para exigir la destitución de la procuradora”.
Pero parece que la clase política poblana no conoce mucho de leyes, ya que el 21 de septiembre La Jornada nacional publicó que la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos contra Periodistas abriría una nueva línea de investigación en el maringate a partir de las grabaciones en que Jean Succar reconoció su afición a las niñas.
Un día después, los medios locales difundieron una carta en que Marín Torres – lejos de su “bienvenida” inicial a la ampliación de las investigaciones y de sus declaraciones de que el conocimiento de la verdad beneficiaría a todos – se quejaba ante los magistrados de ser víctima de un “procedimiento inquisitorio” y descalificaba la decisión de investigar la existencia de una supuesta red de apoyo gubernamental a la pederastia.
> Columnas anteriores
|
