Caso maringate, crónica del oprobio (Parte final)
Deslindes tardíos, endurecimiento político, derroche de recursos públicos, censura, cooptación a medios y afianzamiento del amasiato PRI-PAN han sido algunas de las consecuencias del fallo de la SCJN de extender la investigación al gobierno de Puebla, que no ha dudado en usar cualquier método para acallar las críticas, comprar conciencias y sancionar (dar coscorrones) a quienes osan cuestionarlo.
El 25 de septiembre, los diarios locales publicaron que - 7 meses y medio después de que se conoció su plática con Kamel Nacif y a raíz de que el mecenas incómodo” reconoció la autenticidad de las grabaciones- Mario Marín Torres se deslindó del empresario y hasta amenazó con proceder contra los negocios de su generoso protector y protegido. Pero, hasta la fecha, sus empresas siguen intocables.
Al día siguiente, Marín Torres denunció que la SCJN había incurrido en un “exceso” al pretender investigar su relación con Kamel Nacif y añadió que “ni por asomo pueden investigarse las grabaciones porque éstas provienen de un ilícito, de un delito que sí es grave”.
Con declaraciones como la anterior, de manera indirecta, el gobernador confirmó que su esperanza de salvación se basa en un artilugio legal (el origen de la grabación) y no en el desconocimiento de la misma, ni en su argumento inicial de que no se había involucrado en un complot contra Lydia Cacho.
El 27 de septiembre, El Sol de Puebla publicó una entrevista en que Marín Torres – al fin – demostró que su supuesta disposición a acatar el dictamen de los magistrados, estaba condicionado a que fuera a su favor, cuando reconoció que, si el fallo le es desfavorable, “pues tendremos defensas, desde luego que esto no acabaría ahí. La Corte no puede destituirme, hay procedimientos que la ley señala”.
Despilfarro, endurecimiento y censura
Acorralado por la SCJN , traicionado por sus aliados panistas, cuestionado por los propios priístas que le reprochan usar al partido sólo para dar trabajo a sus amigos y cumplir sus compromisos personales, el gobernador recurrió a la misma “estrategia” que lo metió en el conflicto en que se encuentra y que parece ser la única que conoce: el endurecimiento, la cerrazón, la coacción.
De la ira marinista, del castigo que intenta inflingir a todo aquel que no se sujeta a sus decisiones y mandatos por los errores que él mismo, no se ha salvado nadie, ni siquiera los priístas no incluidos en su “burbuja”. Tampoco se ha salvado el estado de Puebla, cuyos recursos están a disposición de un gobierno empeñado en “limpiar” su imagen.
Para ello, Marín Torres y sus colaboradores han usado de manera discrecional el dinero estatal. Con él, se han signado jugosos “convenios de publicidad” con medios locales y nacionales que decidieron sacar de su agenda el caso Cacho y difundir una y otra vez el boletín electrónico oficioso del gobierno: “Avances”, sin que hasta el momento se haya informado cuánto cuesta hacer ese noticiario estatal, que se “actualiza” todos los días y se difunde de manera repetitiva, inmisericorde.
También a los medios nacionales les tocó una buena parte del presupuesto estatal, pero no solamente eso, sino que algunos ya hasta se apropiaron de bienes que supuestamente son públicos, como hizo TV Azteca al adueñarse del Complejo Cultural Siglo XXI quién sabe por cuántos años. Televisa tampoco puede quejarse: obtuvo 20 mdp por efectuar en Puebla la entrega de los premios Oye y censurar los chiflidos a Mario Marín.
Los supuestos “recursos del pueblo” también se han usado para “uniformar” a la prensa poblana y sacar del aire a los que no acatan los designios marinistas, como ocurrió con el programa La Quintacolumna , que fue censurado a principios de este mes, lo que ocasionó que su conductores, Mario Alberto Mejía y Arturo Rueda, se vieran en la necesidad de denunciar al gobernador y a la procuradora ante instancias federales, en un claro intento de guarecerse de la represión estatal.
La política de medios del gobierno es clara: los que se alinean pueden ofrecer a su público viajes gratis en el helicóptero estatal y garantizar su subsistencia económica por los próximos cinco años; pero, los que no se someten, quedan a expensas no sólo de la censura, sino de la franca represión.
Pero no solamente los periodistas críticos han sido víctimas de la ira gubernamental, también los priístas ajenos a la “burbuja” marinista han recibido “coscorrones”, como lo pueden comprobar Pericles Olivares Flores, Benita Villa Huerta, Concepción González Molina, Enrique Doger Guerrero, Melquíades y Roberto Morales Flores, Jorge Estefan Chidiac, y una larga lista de miembros del ex partidazo que han sido excluidos de la toma de decisiones, bloqueados en sus labores gubernamentales y criticados por columnistas oficialistas.
En contraste, los panistas y la iniciativa privada se han convertido en los defensores oficiosos del gobierno, a cambio de diversas. Así, la derecha poblana enquistada en los órganos cúpula de la IP se apoderó de los recursos del ISN y de la obra pública, mientras el PAN obtuvo una mayoría de facto en el Congreso local, donde los priístas estaban listos para ratificar a los actuales miembros del IEE, pero una sola reunión de Marín Torres con la dirigencia del albiazul bastó para dar marcha atrás.
> Columnas anteriores
|
