Los vicegobernadores
En política, como en la vida, los vacíos se llenan. Desde el 14 de febrero pasado, el gobernador Mario Marín Torres dejó un enorme hueco que ha sido tapado por otros actores, como Javier López Zavala, quien – en los hechos – se ha erigido en una especie de vicegobernador, que supuestamente ejecuta las órdenes de gobernador, aunque lo cierto es que solamente opera para su beneficio futuro.
Pero no sólo López Zavala puede jactarse de su papel de vicegobernador, sino que hay otros personajes que mucho más beneficiados con el ostracismo que mantiene Mario Marín Torres a raíz de la repulsa social generada por el caso Cacho. Incluso, se puede afirmar que pululan varios vicegobernadores mucho más favorecidos que López Zavala por un solo motivo: tienen acceso a las arcas públicas, sin ser sujetos de escrutinio.
En primer término se encuentra la mayoría de dueños y/o representantes de medios de comunicación. Así, mientras una radiodifusora local puede disponer del helicóptero del gobierno, para llevar a pasear a sus radioescuchas y demostrar sus poderosas influencias en la administración marinista, Televisa se queda con 20 mdp de fondos públicos por organizar en Puebla uno de sus espectáculos basura y los directivos locales de Azteca harán jugosos negocios con otro supuesto bien poblano: el Centro Cultural siglo XXI.
Tendríamos que acceder a la cuenta pública del gobierno estatal (algo imposible, porque los diputados locales del PRI- AN- CON no lo permitirían), para constatar las prebendas que la administración dio a la mayoría de los demás espacios informativos locales y nacionales. Desde luego, todo se hizo con el dinero que debería ser para beneficio del estado y no para tratar de limpiar la imagen del mandatario.
La moda de los vicegobernadores está alcanzando niveles perniciosos y preocupantes en Puebla, como lo demuestra el hecho de que el presidente del CCE no solamente dispone de recursos públicos, sino que hasta decide qué instancias gubernamentales pueden acceder a esos fondos y les marca el camino para que los reciban.
Me explico: a lo largo de esta semana, el secretario de Cultura y el alcalde de Puebla, Alejandro Montiel y Enrique Doger, tuvieron la osadía, el descaro, el atrevimiento de pedir que el gobierno les destinara recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para el Festival Internacional de Puebla y la remodelación del Centro Histórico, respectivamente.
La respuesta negativa a ambas peticiones no provino – como cabría esperarse - del secretario de Finanzas o del de Gobernación (que se mete en todo lo que no es de su incumbencia), sino del titular del CCE, Juan José Rodríguez Posada, que contestó que los fondos del ISN ya están etiquetados para este año y que, si ambos funcionarios necesitan recursos extra, que los soliciten para el 2007 con proyectos que los justifiquen.
Mario Marín revivió la Junta de Mejoramiento Material Cívico y Moral de Puebla
¿Qué o quién le dio a Rodríguez Posada la facultad de decidir sobre fondos públicos derivados del ISN? el gobernador y la mayoría del PRIAN en el Congreso local, que crearon el Consejo Para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, como un órgano alterno a la secretaría de Finanzas y Administración e inconstitucional.
Así, uno de los vicegobernadores ya decidió que el FIP y el rescate del Centro Histórico no son lo suficientemente importantes, como para recibir recursos públicos del ISN, pese a que dos semanas antes un espectáculo basura de Televisa sí mereció la erogación de 20 mdp.
En los hechos, el titular del CCE está decidiendo (o al menos eso parece, porque podría ser enviado por alguien más) sobre el dinero del pueblo, pese a que no fue candidato de ningún partido, nadie votó por él y, por tanto, su unción como vicegobernador no es producto de ningún proceso democrático.
El Codics es un nuevo engendro legaloide, con que la derecha (representada por la IP y el PAN) lograron manejar – nuevamente – fondos públicos, como una manera de sellar la complicidad existente entre la cúpula patronal y el gobierno. Así, Marín Torres revivió a la Junta de Mejoramiento Material, Cívico y Moral de Puebla, que en 1994 logró desaparecer Manuel Bartlett Díaz, después de una dura batalla política, legal y mediática.
Las pruebas indican que el servilismo y la docilidad mutuas con que se tratan el gobierno y los dirigentes del CCE, Canaco, Canacintra y Canacope son a costa del dinero del pueblo, que ambos sectores se reparten alegre, cínica e impunemente. Mientras tanto, el ciudadano de a pie no solamente carece de acceso a esos fondos, sino que tampoco se usan en su beneficio y ni siquiera sabe en qué se gastan.
Resulta irónico recordar que cuando Marín Torres asumió la gubernatura, uno de sus eternos defensores, Manuel Bartlett Díaz, se congratuló diciendo que su supuesto pupilo no negociaría con la derecha, cuando menos de dos años después no solamente negoció, sino que le cedió el manejo de dinero público y le revivió su engendrito legaolide, que – en la realidad- solamente sirve para beneficiar a quienes los manejan.
También es curioso constatar como un funcionario estatal y otro municipal (el primero nombrado y segundo electo) solicitan fondos públicos y un dirigente patronal se los niega. Es el mundo al revés, es una tergiversación total no sólo de la política, sino también de la función pública.
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