Inminentes reformas a las Leyes de Transparencia
El fin de semana pasado, los diputados federales del PAN Arturo Flores Grande y Guillermo Velásquez Gutiérrez informaron, en conferencia de prensa, sobre la iniciativa para “constitucionalizar” el acceso a la información pública y propusieron que Puebla haga la reforma a su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que “verdaderamente atienda al nombre de esta ley”.
La constitucionalización del acceso a la información pública es inminente y sería muy deseable que Puebla se sume a la ola de reformas para mejorar las leyes. Porque aunque suene inverosímil, en algunos estados se han aprobado reformas que constituyen un retroceso.
Cabe mencionar que la propuesta de constitucionalizar el acceso a la información tiene sus antecedentes en la Declaración de Guadalajara, firmada en noviembre de 2005 por los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas (Chihuahua), Amalia García Medina (Zacatecas) y Luis Armando Reynoso Fermant. En ella, se propone “una reforma constitucional que plasme los mínimos de transparencia y acceso a la información que deben existir en todo el país”.
Actualmente, además de la Ley Federal, todos los estados de la república y el Distrito Federal cuentan con su ley local de acceso a la información, sin embargo, existen diferencias abismales entre ellas. Hay leyes estatales que no consideran la creación de un órgano (comisión, consejo, instituto) garante, hay otras que preveen que sean instancias administrativas quienes resuelvan las controversias entre autoridades y ciudadanos. Está el caso de Quintana Roo, donde es necesario ser ciudadano quintanarroense y trasladarse a Chetumal para solicitar información del gobierno. Un derecho fundamental está siendo regulado de manera heterogénea; por tanto se hace necesario el establecimiento de un “piso mínimo” que permita que todos los mexicanos podamos ejercer este derecho sin distinciones.
Esta propuesta de constitucionalización ha sido respaldada por el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y por académicos y estudiosos del tema. Se retomó en marzo, en Zacatecas, en el Encuentro Nacional para la Transparencia y la Apertura Gubernamental y en otros importantes foros. En noviembre de 2006, en el 2º Congreso Nacional de Transparencia Local, celebrado en Chihuahua, a la Declaración de Guadalajara se sumaron el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
Finalmente, la “Propuesta para la iniciativa de reforma constitucional a favor del derecho de acceso a la información y la transparencia” fue entregada por José Reyes Baeza Terraza, el miércoles 13 de diciembre pasado, en el Congreso de la Unión, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa, en un emotivo acto al que asistimos 11 comisionados de órganos garantes de la república, el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio; la comisionada y expresidenta del IFAI, María Marván; así como otras autoridades del IFAI y coordinadores o representantes de todos los partidos.
La iniciativa para reformar el Artículo 6 de la Constitución considera, entre otros puntos, que debe ser pública la información en posesión de todos los órganos del Estado y de los partidos políticos; que estará sujeta a excepciones por causa de interés público; un procedimiento expedito que incluya todas las posibilidades de solicitud (vía electrónica incluida); un proceso de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión; prueba de daño y de interés público; sanciones administrativas para los servidores públicos; existencia de archivos administrativos actualizados y confiables; y protección de la vida privada.
Si se reforma la Carta Magna, todos los estados de la república cuyas leyes no cumplan con lo exigido, tendrán que modificar sus propias normas. En el caso de Puebla, habría que aprovechar la ocasión para hacer algunos ajustes que eliminen candados y faciliten el acceso real a la información. Antes de reformar la ley local se debe analizar la situación de que los 217 municipios deban contar con su Comisión y reglamento, el requerimiento actual de identificarse, las dificultades para las respuestas por medio electrónico, la suplencia de la queja, y algunas otras lagunas y contradicciones que existen.
Ojalá cuando se inicie el proceso para la reforma de la ley, los legisladores tomen en cuenta las experiencias de este primer año en que las personas ya han hecho solicitudes de información, así como la referencia de leyes “de avanzada” que existen en el país (Chihuahua, Jalisco) y la experiencia y conocimientos de la Comisión para el Acceso a la Información Pública.
Josefina Buxadé Castelán.- Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, josefina.buxade@caip.org.mx
Nota: Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.
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