La Transparencia a la Constitución
José Woldenberg, Pedro Joaquín Coldwell, Jorge Carpizo, Sergio López Ayllón, Salvador Nava, Miguel Carbonell, Ernesto Villanueva, Juan Francisco Escobedo, Miguel Treviño y Amalia García, entre otros, discutieron y analizaron el tema de la constitucionalización del acceso a la información, en un foro realizado el martes 30 y ayer en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y organizado por la propia Ibero, el H. Congreso de la Unión y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Académicos, intelectuales, juristas, diputados, senadores y comisionados reflexionaron e hicieron importantes aportaciones a un tema que es vital para la consolidación de la democracia, ya que se trata de “una reforma democrática de segunda generación”.
Aunque en las mesas de discusión hubo algunas discrepancias, existe un acuerdo para llevar a cabo la reforma del Artículo 6º.
Tal como mencioné en mi entrega de la semana pasada, proponer un “piso mínimo” en la Constitución ayudaría a que el derecho fundamental del acceso a la información pública sea regulado de manera homogénea en todo el país. Pues actualmente hay enormes diferencias entre las leyes locales.
La propuesta de reforma fue entregada a la Junta de Coordinación Política del Congreso el 13 de diciembre, y la intención del foro en la Ibero fue, en palabras del comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, llamar la atención de la LX Legislatura sobre la importancia del tema.
Constitucionalizar el acceso a la información permitiría que, por lo menos jurídicamente, el derecho no esté sujeto a caprichos o coyunturas políticas. Lujambio afirmó que “no es concebible un derecho fundamental que crece y se ejerce bajo 32 modalidades distintas”.
José Carreño, moderador de la mesa “El principio de publicidad como eje de la reforma del Gobierno en México”, mencionó que la constitucionalización permitiría “corregir desviaciones” que se han presentado.
Miguel Carbonell manifestó, entre otras ideas, que la reforma es “jurídicamente posible y políticamente necesaria”, y subrayó la importancia de eliminar la asimetría existente entre los diferentes estados y municipios.
José Woldenberg, en la misma tónica, expuso que la reforma tendría que fortalecer a las instituciones que garantizan el acceso a la información, y que en la actualidad hay un “archipiélago de legislaciones”, profundamente desiguales, tanto en los requisitos, los procedimientos y los alcances de los órganos garantes, desigualdades que, finalmente, “militan en contra del ciudadano”.
El periodista Miguel Treviño se alegró de que haya una vuelta al origen, al destacar el “principio de publicidad” como eje de la reforma. De igual manera, explicó que defender el derecho a la información es defender el derecho a la autonomía. Los funcionarios, expresó, deben entender la transparencia como un principio, y no limitarse a cumplir procedimientos.
En la segunda mesa, “Pertinencia de la reforma del Sexto Constitucional”, Jorge Carpizo expuso las razones por las que la reforma es oportuna, entre ellas, que se trata de una corriente universal por defender un derecho fundamental, y la uniformidad que se ganaría. El exprocurador externó una interesante provocación al decir que deberían ser sujetos obligados no sólo el gobierno y los partidos políticos, sino también los sindicatos y las iglesias.
Pedro Joaquín Coldwell mencionó que reconstitucionalizar el derecho de acceso a la información reduciría resistencias, regresiones y simulaciones, y también minimizaría las asimetrías en las leyes estatales. Dijo que la reforma es indispensable para asegurar la legalidad y la legitimidad de los gobiernos. Propuso a los diputados trabajar conjuntamente con el Senado, en una conferencia legislativa, para lograr más rápido la aprobación de la reforma.
Tanto Pedro Joaquín Coldwell –presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado- como Jorge Zermeño Infante –presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados- se comprometieron a apoyar la reforma, y votarla a favor. Lo mismo hizo el diputado César Camacho.
En la mesa 3, “El significado de la Iniciativa de Chihuahua”, César Camacho se manifestó en desacuerdo con la forma de la propuesta, aunque coincidió estar de acuerdo en el fondo. No le parece necesario que en la Constitución se estipulen plazos; y sí, por el contrario, que se establezca la naturaleza de los órganos garantes y el procedimiento para nombrar a sus integrantes.
María Marván expresó que el acceso a la información es crucial para asegurar a los ciudadanos una verdadera participación en decisiones públicas. Defendió una redacción explícita y extensa de la reforma, para evitar ambigüedades que permitan la simulación.
Amalia García dijo que sería deseable que la reforma se haga en el próximo periodo de sesiones. Tanto ella como el diputado Camacho Quiroz hicieron hincapié en que la Iniciativa de Chihuahua fue signada por gobernadores de tres partidos (PAN, PRD, y PRI).
Por cuestiones de espacio los comentarios de los participantes en las demás mesas los dejaré para la próxima semana; pero como decía hace ocho días, me parece que la reforma es inminente y representa una oportunidad dorada para revisar las leyes locales.
Josefina Buxadé Castelán.- Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, josefina.buxade@caip.org.mx
Nota: Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.
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