La presidencia de la CAIP
Cuando se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se echaron las campanas a vuelo y por supuesto que no era para menos, cuando en una entidad federativa en la cual ha reinado la opacidad como consecuencia natural de gobiernos no tan amigables de las acciones democráticas, una legislación que abriera la posibilidad de acceder a datos guardados, y sobre todo a generarse la posibilidad de transparentar las estructuras e información sobre recursos, salarios, compensaciones, puestos y funciones de quienes se desempeñan en un servicio público, era en sí mismo un evento que merecía el aplauso generalizado
La ley vino a garantizar que la información pública será accesible a cualquier persona según las prevenciones de la misma legislación, y en materia de interpretación de la legalidad, quedó favorecido el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados (los tres poderes públicos, los órganos constitucionales autónomos y ayuntamientos) aclarando que los servidores públicos están obligados a proporcionar la información que en términos de la ley y sus reglamentos se les solicite, respecto a la función pública a su cargo, siempre y cuando no sea de aquella que en términos de la normatividad aplicable, no deba de otorgarse.
De la creación legal de Comisiones de Acceso a la información pública, la que más fue esperada sin lugar a dudas fue la relativa a la Administración Pública Estatal, concebida como órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia, con la aclaración en el sentido de que, para resolver no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. Comisión que empezó a ejercer completamente sus funciones el pasado 16 de febrero del 2006 y que a mitad de año, versiones periodísticas empezaron a poner en duda su eficaz desempeño, particularmente porque fue involucrada la secretaría técnica en supuestas acciones encaminadas a obstaculizar las acciones de acceso a la información. El asunto seguramente fue grave, que en la sesión última del 15 de diciembre de 2006, por mayoría de votos fue decidido sancionar por falta de probidad, sin juicio administrativo previo, sin derecho de audiencia y defensa, por el contrario con una actitud autoritaria, a dos empleados de la CAIP.
Como todas las actitudes autoritarias en Puebla que primero de manera discursiva muestran un compromiso de respeto a la legalidad, pero cuando el servidor público se ha formado en la cultura del autoritarismo, del patrimonialismo, y de la subordinación ciega al Ejecutivo, simple y sencillamente se actúa de manera autoritaria. Fue triste, penosa, y lamentable la terminación de la presidencia del primer presidente de la CAIP: los despidos o castigos, si se prefieren, pueden ser entendidos en otras instituciones, pero que esto suceda en una instancia autónoma, encargada de garantizar el acceso y la transparencia de la información publica, es verdaderamente reprobable. Se termina los dos primeros años de la presidencia, está a punto de nombrarse nueva presidencia y la amenaza de aniquilamiento de la misma está a la puerta, buscando por todos los medios impedir que la oportunidad que le asiste a Josefina Buxade se colapse. Al crearse la ley, el nombramiento de los tres primeros comisionados fue escalonado, por dos, cuatro y seis años, equitativamente el comisionado por dos años fue nombrado primer presidente por sentido común dicha función le corresponderá tener la segunda presidencia a la comisionada por cuatro años, -que a la fecha le restan dos años- quedando la oportunidad al comisionado nombrado por seis años para que en dos años pueda asumir la presidencia. Sin embargo, el ejercicio patrimonialista del poder, y la posible subordinación de la CAIP a la visión de presidencialismo omnímodo que en Puebla se niega a morir, puede variar la decisión que seria muy, pero muy de lamentar, máxime cuando hoy se habla de un acuerdo que se busca escamotear.
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