La victoria jurídica de Lydia Cacho
Gracias a una estrategia brillante del abogado Xavier Olea, la periodista Lydia Cacho se encuentra libre del proceso jurídico que desde mediados del 2005 el empresario Kamel Nacif interpuso contra la autora de Los demonios del Edén aquí en Puebla, y que la hizo vivir la odisea de su detención, liberación bajo caución y traslado del caso a Quintana Roo y el Distrito Federal, lugar en el que finalmente se declaró su final. ¿En qué consistió la brillantez? En la promoción de un recurso de incompetencia territorial para que el juez penal de Quintana Roo desistiera de conocer el caso, en virtud de que el libro que motivó la querella de Nacif se editó en la Ciudad de México, mismo lugar en que tiene su residencia legal la empresa editora.
El objetivo del traslado era claro. Desde el 8 de agosto del año pasado, la Asamblea Legislativa del DF dio ejemplo a todo el país al derogar los delitos de honor, entre ellos el que más afecta a los periodistas, el de difamación. Así, cuando el caso llegó a las manos del Poder Judicial capitalino, simplemente ya no existía, gracias al apotegma de que no hay pena sin delito. La reforma en la Asamblea capitalina, por supuesto, salvaguarda el derecho de los particulares para reclamar por la vía civil el daño moral que las aseveraciones les hayan causado, mediante una reparación económica. Pero en ningún caso la difamación provoca que el acusado pise la cárcel.
Del otro lado, el poco brillante Ricardo Velázquez declara que nunca podrá saberse si Lydia Cacho era inocente o culpable, en virtud de que su exoneración es provocada por la inexistencia jurídica del delito en el Distrito Federal. En pocas palabras, para el abogado defensor del gobernador pagado con recursos públicos, la victoria de Olea y Cacho no es victoria. Y como no es victoria, no muestra el penoso estado de la libertad de prensa para los periodistas poblanos y el bajísimo nivel de la justicia poblana, siempre presta a la componenda y la línea del Poder Ejecutivo. Las dos razones que tuvo Kamel Nacif para iniciar su querella en Puebla contra la periodista.
En efecto: en Puebla todavía subsisten los delitos de honor, entre ellos la calumnia y la difamación. Tipos penales propios del decimonónico, casi equivalentes al duelo armado. En otras palabras, los periodistas locales todavía estamos sujetos a cárcel por lo que escribimos y decimos. Y mientras en el resto del país existe una tendencia a la derogación de esos delitos como un instrumento para fortalecer la libertad de prensa, aquí en Puebla seguimos actuando como una ínsula, ya que nadie, absolutamente nadie, ha abanderado la idea de eliminar ambos delitos del Código de Defensa Social.
Durante el coloquio Entremedios, celebrado el año pasado, el periodista Jesús Manuel Hernández lanzó la propuesta a la comunidad periodística de Puebla. Su dicho, sin embargo, cayó en el vacío. Los principales interesados y beneficiarios –periodistas y reporteros- voltearon la cara y prefirieron fingir demencia, no fuera a ser que apoyar la moción de Hernández les significara irritar al gobierno estatal y perder todas sus prebendas y canonjías. Parece increíble que ni siquiera el gremio sea capaz de unirse frente a la despenalización que beneficia el trabajo de todos nosotros. Buenos para cubrirse, malos para protegerse.
Por supuesto, los legisladores priístas también voltearon la cara, sabedores del odio que su gobernador profesa la prensa crítica. Despenalizar ambos delitos significaría perder un mecanismo de presión y negociación con los periodistas, ya que cuando se presenta alguna controversia nunca falta el emisario gubernamental que ofrece archivar las querellas a cambio de que el periodista le baje. Pero tampoco los legisladores del PAN y el resto de la oposición han hecho al respecto. Así que ha nadie extraña el penoso estado de la libertad de prensa en nuestra entidad.
El siguiente problema es el ínfimo nivel de la justicia poblana y su tendencia a la negociación y la línea. ¿Cómo es que la querella de Nacif inicio en Puebla y terminó en el Distrito Federal, pasando por Quintana Roo? ¿Por qué la justicia poblana empezó aceptando un asunto del que después se declaró incompetente, previa eliminación del cargo de calumnias? ¿Por qué la juez Rosa Celia tuvo que consultar el monto de la fianza a la periodista con la mismísima cabeza del Poder Judicial Poblano, según asevera la Suprema Corte de Justicia? ¿Pues que no existen reglas claras al respecto? ¿O dependiendo del sapo es la pedrada?
Así que por más que trate de restarle importancia, la victoria jurídica de Lydia Cacho, obtenida gracias al abogado Xavier Olea, es impecable. Sobretodo, recuerda a los poblanos y especialmente al marinismo, las razones por las que Puebla fue elegida por Kamel Nacif para desatar su venganza contra la periodista. Una venganza yerma, que lo más terminará en un juzgado civil, y no en una cárcel como quería el empresario libanés, para que Cacho estuviera en manos de las locas y las tortilleras.
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