¿Y el Consejo Universitario?
Recibí muchos correos electrónicos comentando la desaparición de la Promotora Universitaria y el por qué de tal decisión. Hay uno que llamó poderosamente mi atención y que refiera la obligatoria participación del Consejo Universitario para aprobar tal reingeniería administrativa. El universitario en cuestión deja una pregunta grave al aire: ¿por qué Enrique Agüera ha incumplido con el mandato legal de convocar a las sesiones ordinarias mensuales del máximo órgano de decisión, tal y como lo marca el Estatuto Universitario? ¿Por qué el rector se resiste a rendirle cuentas a la representación universitaria? Y finalmente, ¿por qué usurpa funciones que corresponden a todos los universitarios?
En efecto. Consulto el Estatuto Universitario y me encuentro con que en su artículo 48 se señala que el Consejo deberá reunirse en sesión ordinaria en la segunda quincena de cada mes. Y revisando el portal de la universidad, descubro que hace mucho no se convocan dichas sesiones ordinarias, y que sólo se ha llamado a la representación universitaria para sesiones extraordinarias o solemnes.
La realidad es innegable. En el año pasado el Consejo Universitario tuvo reuniones extraordinarias en abril, julio, noviembre; en la entrega de los Doctorados Honoris Causa y la recepción del premio SEP-ANUIES. Pero deliberadamente, durante el rectorado de Agüera se ha buscado eliminar la intromisión de la representación universitaria para concentrar la toma de decisiones en la administración centralizada de la Buap, dejando al margen a estudiantes y académicos.
Nadie cuestiona que Agüera tiene el control de la mayoría en el Consejo Universitario y que maneja a la gran mayoría de las unidades académicas. O por lo menos eso parece que el tema que trataré a continuación. Así que nadie duda que las propuestas de la rectoría serían aprobadas con facilidad. No hay riesgos de perder votaciones importantes. ¿Así que cuál es el problema? Muy sencillo: lo que Enrique Agüera ha tratado de evitar es la discusión al seno de la representación universitaria y dar la impresión de que no tiene oposición al interior de la Benemérita.
Sin embargo, aunque son pocos los opositores existen, ya que la gran mayoría ha recibido prebendas que mientras duren silenciarán sus críticas. Pero esos pocos tienen la capacidad de poner en jaque las decisiones del rector. Un ejemplo muy claro es el tema de la Promotora universitaria. Asuntos como los planteados ayer con la descentralización de los negocios a las unidades académicas tendrían que ser discutidos por el máximo órgano universitario. ¿Qué será aprobado por la mayoría agüerista? Por supuesto.
Pero lo que no quieren en la rectoría es que se evidencien sus inconsistencias. Y su opacidad. Y su amplio programa de promoción en medios de comunicación.
El problema real es que con tal de evitarse la molestia de discutir los temas universitarios, Enrique Agüera y José Ramón Eguíbar han violado flagrantemente el Estatuto de la institución. El lector acucioso que alertó sobre la ilegalidad alerta que tal hecho bien podría desembocar en la destitución del rector, aunque sabe bien que nadie tendrá el valor de pedirlo.
Pero la violación es real y está ahí para quien quiera comprobarlo. Agüera se niega a convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Universitario para que la comunidad no discuta sus decisiones u ordene una auditoria a su patrimonio. Si hay otra razón, sería bueno que la explique.
*** Yo no voy a la guerra…con Maximiliano Silerio. Un indignado priísta nos hace saber que “El voto corporativo hace mucho tiempo que en el PRI pasó a la historia. Hacer cuentas en bloque de los estados cuyo gobernador se encuentra a favor de uno y otro candidato a la dirigencia nacional es un grave error, ya que el voto duro del PRI y la clase política representada en los consejos políticos no funciona en automático.........Es un voto que razona, que analiza y que ya no obedece la línea que sus jefes políticos les marcan.
En el año 2000 y de manera más contundente y clara en el 2006 se dio el voto duro priista de manera diferenciada. Así que faltarle el respeto a los consejeros políticos, considerándolos menores de edad y pretender darles línea de por quién deben votar es una verdadera ingenuidad.
El delegado Silerio Esparza debe salir de inmediato de Puebla por no ser imparcial, como se le ha ordenado el CEN. No es confiable ni en este proceso y menos para el proceso constitucional del próximo noviembre.
Por el bien del partido, por el bien del gobernador (si es que se puede hacer algo), es urgente que el frívolo delegado se regrese a su estado natal Durango, bueno ¡¡¡si es que lo dejan entrar!!!
*** De perdidas a pérdidas hay mucha distancia. La autocrítica no cae tal mal cuando se comenten errores garrafales. No dudo que en la Promotora Universitaria trabajen algunas perdidas, pero yo quería referirme a pérdidas económicas. Ni modo, a tragarse el sapo. Una disculpa al lector.
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