El ministro Juan Silva Meza
El ministro Juan Silva Meza, quien encabezará la nueva comisión de investigación de la Suprema Corte de Justicia y será asistido por los magistrados Anastasio Escobar Ángeles y Sergio Alvarado Fuentes, ha mostrado una consistencia en contra de los intereses del gobernador poblano en las discusiones del Pleno referentes al caso Cacho-Marín. En la sesión del 17 de abril formó mayoría con otros cinco ministros para que el tribunal supremo del país aceptara la petición de las Cámaras del Congreso de la Unión de ejercer su facultad investigadora. Posteriormente, en las discusiones del 18 y 19 de septiembre se manifestó abiertamente en contra del proyecto de exoneración presentado por Ortiz Mayagoitia y votó, junto con otros seis ministros, la ampliación de las pesquisas. ¿Su argumento? Que los investigadores debieron tomar en cuenta la conversación telefónica no como un medio expreso de prueba, pero sí para elaborar hipótesis, y no detenerse simplemente en llamarla una prueba inconstitucional.
El jueves pasado reiteró su posición en contra de Marín y pidió expresamente que la investigación fuera tan amplia que incluso permitiera averiguar la relación del gobernador con las redes de pederastia encabezas por Kamel Nacif-Jean Succar, ya que éste es el motivo de fondo que provocó la confabulación de las autoridades poblanas en contra de la periodista Cacho. Por supuesto, se manifestó a favor de las líneas de investigación planteadas por ponente Gudiño Pelayo, tendientes a dirigir específicamente a la nueva comisión sobre las relaciones entre Mario Marín, Guillermo Pacheco Pulido y Blanca Laura Villeda.
¿Cuál es la actitud que asumirá Silva Meza en la dirección de la investigación? ¿Será una línea dura? ¿O quizá complaciente al estilo de la que practicaron Emma Meza y Óscar Vázquez Marín? De las versiones estenográficas en las sesiones de la Corte se aprecia una máxima seriedad y dureza. Vea usted:
*** 17 de abril: a favor de la investigación. Para argumentar el hecho de que la Suprema Corte le entrara a investigar al gobernador poblano y aceptara la petición de las Cámaras, refirió que “la que promueve la instancia de las 2 Cámaras del Congreso de la Unión, que no es poca cosa; representación popular 373 votos, de 377 diputados presentes, unanimidad en Senadores; la petición, ¡vaya que es de parte legítima!, es uno de los 3 Poderes de la Unión el que está instando a otro Poder para que ejerza esta atribución constitucional sabiendo el Poder que lo solicita, los límites que tiene la Suprema Corte de Justicia, sabiendo que no tiene fuerza vinculatoria lo que llegara a decidir, sabiendo que no está reglamentada por ellos la facultad del 97 constitucional; pero sí, sabiendo que es un Tribunal que tiene confianza social, que tiene respetabilidad y que puede enfrentar este asunto frente a la urgencia que tiene la sociedad de respetar a las instituciones, a sus instituciones, sobre todo las encargadas de administrar y procurar justicia”.
Sobre el fondo del asunto, expresó que además de la confabulación de los órganos de un estado contra una ciudadana, había una situación peor: “la posibilidad de la existencia de violaciones graves a menores de edad; en tanto que esta situación de orden penal que provoca presumiblemente la violación grave de las garantías individuales de esta periodista es en función de denuncia de una posible red de pederastia y pornografía infantil que es denunciada por ella; donde además, por sí fuera poco, se involucra a gentes del gobierno, que atajan una presumiblemente, posiblemente una investigación, actuación de entes de gobierno”
Sigue afirmando Silva Meza “qué pasa en esta situación, emergen, tenemos noticia por medios de comunicación, conversaciones de un empresario con varias personas, entre otras, el gobernador constitucional de una Entidad Federativa y en el contenido de esas conversaciones reales o supuestas, válidas o inválidas, no es el momento de calificarlo, hago referencia al hecho del que se tuvo conocimiento en forma general, respecto de esas conversaciones y el contenido de esas conversaciones, en relación con el contenido de esas conversaciones, se desprenden otros hechos que pudieran dar lugar a otro tipo de violaciones trascendentes, ya en relación a una supuesta confabulación, ya a llegar a los niveles de gobierno, no para obtener una sanción penal, sino una suerte de silenciamiento --ojo-- a la periodista por el contenido de lo publicado, ¿qué es el contenido de lo publicado? Denuncia de redes de corrupción vinculadas con menores, menores en relación con qué tipo de conductas, pederastia y pornografía infantil, atentados superlativamente graves a la dignidad de las personas en cuanto a los derechos fundamentales de la niñez, allá hay una denuncia que conduce a una consecuencia procesal penal que va en curso; sin embargo, está todo el contexto y ya la actuación de las autoridades del estado, atajando esta investigación, silenciando esta investigación en apariencia en función de esas denuncias”.
*** 18 de septiembre: en contra de la exoneración. Una vez que la comisión de investigación originaria culminó sus trabajos con un proyecto de exoneración a las autoridades poblanas, pero en las que se encontraron varias irregularidades, específicamente en el ámbito del poder judicial y en la tramitación de la averiguación previa, Silva Meza se inconformó con los resultados de las pesquisas afirmando que:
“No puede considerarse una investigación concluida, en relación con los hechos que constituyen el verdadero problema de fondo, que comprende la denuncia respecto de la existencia de una red de pederasta y pornografía infantil, el hecho de que los comisionados, solamente hayan solicitado información sobre la existencia de alguna averiguación en relación con Kamel Nacif y Succar Kuri, y sin que realizaran alguna otra u otras actuaciones para conocer la verdad sobre tales hechos, los cuales, según la periodista revelarían la estrategia de algunos órganos de gobierno, para encubrir la red mencionada, en perjuicio de derechos fundamentales de menores de edad”.
“Este Alto Tribunal, cuando determinó el ejercicio de la facultad de investigación, tenía conocimiento pleno, por ser un hecho público, que las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el gobernador del Estado de Puebla y el empresario Kamel Nacif, se habían realizado, tal vez, sin autorización judicial, no nos toca asegurarlo…Si el Pleno, hubiera estimado que no se podía investigar al gobernador, por desprenderse la imputación que se le hacía de una prueba recabada ilícitamente, ello probablemente hubieran llevado al no ejercicio de la facultad; pero esto Pleno, no realizó algún pronunciamiento de los múltiples que pueden hacerse sobre la naturaleza y alcances de la prueba ilícita, su admisibilidad, sus efectos constitucionales y legales, sus consecuencias reflejas, sus consecuencias psicológicas, su control de oficio o a petición de parte, su valoración en admisión o en sentencia, etcétera, etcétera, muchos etcéteras que este Tribunal Supremo, no ha determinado todavía en relación con la valoración que corresponde a la prueba ilícita”.
“Por lo mismo no comparto la aplicación al caso concreto de las tesis emitidas por la Segunda Sala, de rubros que se señalan en el proyecto. “COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD”, etcétera, pues estos criterios no son aplicables.. en todo caso se debiera investigar la actuación del gobernador del Estado de Puebla, en los hechos narrados por las Cámaras solicitantes, por medio de otros procedimientos, mecanismos diferentes que estimara jurídicamente adecuados al efecto, por ejemplo, a través de la recepción de la declaración del empresario Kamel Nacif, así como de todas las personas funcionarios cuya cita apareciera en la investigación, o la comisión estimara necesario, o de cualquiera otras pruebas que pudiera aportar elementos para determinar si el titular del Poder Ejecutivo estatal, tuvo intervención o no en una estrategia para perjudicar a la periodista”.
“No comparto la conclusión del proyecto…estimo que lo procedente en principio es desechar el proyecto, y determinar su continuación o reposición para que se agoten todos los aspectos considerados por el Tribunal Pleno, así como los que surjan de la investigación, pues hasta ahora, sólo abarcó meras incidencias procesales que sin dejar de ser importantes, no ameritarían la intervención de la Suprema Corte, ni corresponderían a la denuncia presentada…estamos ante la posible, insisto, posible, estrategia de algunos órganos estatales, para reprimir a una periodista que realizó la investigación y denuncia sobre la existencia de una red de pederasta y pornografía infantil, según ella, protegida desde el gobierno, y este es el tema de fondo, lo cual de ser cierto revalidaría una violación sistemática de los derechos fundamentales de un universo de menores”. Fin de las transcripciones.
¿Entonces qué? ¿Todo bajo control?
> Columnas anteriores
|
