Con solidaridad y afecto a mi amigo Mario Alberto Mejía, nuevamente
víctima de la represión e intolerancia gubernamental.
Estupidez y cinismo institucional
Paulatinamente, los mexicanos (y en especial los poblanos) hemos ido perdiendo la capacidad de asombro e indignación ante el notable incremento de casos que reflejan – sin duda – que la estupidez y el cinismo institucional no tienen límites y que el grado de descomposición de la clase política es tan alto, que solamente la complicidad de los medios informativos con los gobernantes corruptos y la indiferencia y apatía de la ciudadanía han impedido el surgimiento de movimientos sociales importantes.
Solamente así se explica el hecho de que el subprocurador de la PGR, Víctor Emilio Corzo Cabañas, haya afirmado que el caso Cacho se podría trasladar a Puebla, para que legalita se investigue a sí misma, a su jefe y a sus subordinados y, desde luego, dictamine que no hay delito qué perseguir.
Es absurdo esperar que legalita o cualquier otro funcionario estatal realicen un trabajo de investigación serio y apegado a derecho en el caso Cacho, que – por sí mismo – demostró que en Puebla la procuración e impartición de la justicia se prostituyen al mejor postor.
Después de las bravatas, ataques y acusaciones que Blanca Laura Villeda ha lanzado contra Lydia Cacho en el último año, resulta imposible creer que la PGJ sería capaz de iniciar alguna querella por una acusación impuesta por la periodista. Sería tanto como esperar que el titular de la CEDH o la procuradora van a “investigar” a Roberto Marín Torres por la agresión de su guarura contra el reportero Mario Martell.
La declaración del funcionario de la PGR refleja no solamente un grado increíble de estupidez y cinismo gubernamental, sino también el grado de contubernio y componenda entre dos políticos con los mismos problemas de rechazo social y de falta de legitimidad: Mario Marín y Felipe Calderón.
El mensaje es claro: Felipe Calderón planea dejar que el gobernador y sus secuaces se investiguen y exoneren a sí mismos. Solamente en una república bananera puede darse un caso así, sobre todo viniendo de un “presidente” que como candidato ofreció sacarle la tarjeta “roja” al góber precioso y que, ya enquistado en el ejecutivo federal, dijo que combatiría los atentados contra las mujeres.
La iglesia en manos de Lucero
El bananerismo endémico mexicano se ratificó el miércoles, cuando uno de los jefes reales de Felipe Calderón Hinojosa, el BID, denunció que el SNTE es el mayor obstáculo para la educación y el supuesto titular del ejecutivo federal le encargó la “modernización” del sector, precisamente, a la persona que se ha apropiado de ella convirtiéndola en su botín político y llevándola al pobre nivel que padece en la actualidad, Elba Esther Gordillo Morales.
Si Calderón Hinojosa estuviera realmente interesado en promover una mejoría en la educación mexicano, no le habría encargado ese sector a su cómplice que usufructúa el SNTE y que ha sido señalada por varias instancias como la culpable del rezago educativo, como lo han acusado en diferentes ocasiones el Banco Mundial y otras instituciones.
Dejar la educación en manos de Elba Esther Gordillo y fomentar la impunidad del góber precioso, demuestran que para Calderón Hinojosa es más importante cumplir con los cómplices que le ayudaron en la campaña, que combatir los delitos contra las mujeres, garantizar la procuración e impartición de 1justicia o promover el desarrollo educativo del país.
Este escenario de descomposición y corrupción del gobierno federal, explica por qué en Puebla se permite (y hasta se fomenta) que los periodistas sean golpeados o amenazados por guaruras o funcionarios gubernamentales de medio pelo, que saben que sus agresiones no solamente no serán castigadas, sino que hasta podrían ser premiadas por el mismo gobernador que le dio un “coscorrón a esa vieja cabrona”, sin sanción alguna.
En el imperio de la estupidez y el cinismo institucional cabe todo: legalita y el góber precioso se investigan y autoexoneran, la dueña del sector educativo justifica y solapa las incompetencias de su sector, un jefe de prensa amenaza de muerte a columnistas incómodos, uno de los gorilas de la “familia real” le rompe la nariz a un reportero, sin que sea sancionado y sin que el medio para el que trabaja lo defienda.
Este ambiente de descomposición política es tolerado por la apatía e indiferencia de una sociedad; que, al mismo tiempo que está cada vez más desesperada y aislada, sigue sin asumir el rol de garantizar y vigilar que los gobernantes e instituciones cumplan con sus obligaciones y deponer a las que no lo hagan.
Cómplice de las corruptelas del poder, la mayoría de los medios de comunicación – en especial los electrónicos – incumple con su función de informar objetiva y verazmente a los ciudadanos y de formar opinión pública, para deformar y manipular la misma a cambio de jugosos convenios económicos.
El problema no es que los medios informativos cumplan con su indispensable labor de ser autosuficientes y generar ganancias, sino que han olvidado su compromiso social erigiéndose – la mayoría – en legitimadores orgánicos de gobiernos corruptos e ilegítimos.
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