LIBERTAD DE EXPRESIÓN: MITO Y REALIDAD
Con motivo del cierre de una televisora privada que mucho hizo (y sigue haciendo en la medida en que puede) para desprestigiar a su gobierno dentro y fuera del país, al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le cayó una tormenta de críticas y condenas, tan tupida y múltiple, como poco se ha visto en la historia reciente de América Latina. El argumento común de los miembros de la cruzada antichavista, que van desde el gobierno de Estados Unidos hasta las iglesias, los intelectuales enemigos del “populismo” y los dueños de los medios de comunicación más poderosos del mundo, es “la defensa de la libertad de expresión”. Según todos ellos, este derecho inalienable del hombre libre, hace la diferencia entre una democracia y una dictadura, cualquiera que sea su signo ideológico. Y sí, tienen razón. Toda dictadura, abierta o escondida detrás de una montaña de leyes, códigos y reglamentos que regulan y controlan hasta los movimientos más elementales e íntimos del ciudadano, tiene una necesidad intrínseca de acallar cualquier crítica o protesta de los oprimidos, de sofocar cualquier manifestación de descontento que ponga en riesgo, o por lo menos erosione en alguna medida, el control absoluto del dictador (individual o colectivo) sobre sus domesticados súbditos. La “libertad de expresión” ha sido siempre, por tanto, una demanda del pueblo, una bandera de los movimientos, partidos y personalidades opuestos al poder dominante, porque ven en ella un arma de liberación y una poderosa ayuda para el triunfo de su causa. Por eso, detrás de la sospechosa unanimidad de tirios y troyanos en contra de Hugo Chávez, hay un inconfundible tufillo a impostura y manipulación.
Para medir la libertad de expresión de un país, no hay que atenerse a lo que digan los dueños de los medios informativos, los que deciden a voluntad qué se difunde, qué se informa, qué se ensalza o se denigra en las páginas de sus diarios o en sus programas televisivos. Hay que ver qué pasa en el seno del pueblo; cuántos, cuáles y qué tan eficientes son los canales de acceso del hombre de la calle (y de los grupos y corrientes que lo representan) a los medios masivos de comunicación y, a través de ellos, a la opinión pública. Y es claro que, si aplicamos este criterio a nuestro país, en donde la condena a Chávez fue particularmente ruidosa, tendríamos que concluir que no pasamos la prueba. En efecto, entre nosotros, aunque a muchos no les guste, esa “libertad” está limitada a los dueños y a los directivos de los medios, a reporteros, columnistas y articulistas que tienen la suerte de poder publicar sus trabajos y opiniones en ellos (aunque más de uno descubra, un buen día, que su “libertad de expresión” tiene por límite los intereses económicos y políticos de su patrón) y, finalmente, a quienes tienen el dinero y/o las relaciones necesarias para abrirse un espacio mediático a la altura de sus necesidades o de sus ambiciones. Los demás, organizaciones o ciudadanos aislados, están total y definitivamente excluidos del paraíso de la “libertad de expresión”.
Todas estas fuerzas sociales, lejos de gozar de libertad para expresar lo que piensan y sienten, tienen que sufrir pacientemente la forma abusiva, agresiva y calumniosa en que los privilegiados ejercen el derecho que a ellas se les niega. Justamente en eso pensé al leer, en la semana que terminó, varias “noticias” absolutamente inventadas y claramente orientadas a seguir dañando la imagen, ya de por sí deformada y perversa, que sus enemigos gratuitos le han construido a Antorcha Campesina, exclusivamente en los medios y a través de los medios (es decir, sin ningún respaldo en hechos comprobables). Varios diarios michoacanos, y alguno nacional, difundieron la versión de que los líderes antorchistas de ese estado indujeron el voto de sus compañeros a favor de uno de los precandidatos del PRD al gobierno michoacano, prometiéndoles dinero o despensas, promesa que, según el infundio, ni siquiera se cumplió. Eso es falso; es una invención de punta a cabo cuyos fines aviesos no es difícil adivinar, ya que el precandidato triunfante, Leonel Godoy, no ha disimulado nunca su desprecio hacia los antorchistas y sus dirigentes.
Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, acusó a “un líder antorchista” de estarlo atacando porque le retiró un subsidio de 20 mil pesos que le daba un gobierno anterior. Eso también es falso; y prueba de ello es que la dirigencia local de Antorcha retó al gobernador a presentar las pruebas de su acusación y a demandar, por vía judicial, la devolución de ese dinero, a lo que aquel sólo ha dado la callada por respuesta. Suma y sigue. Vecinos de Ixtapaluca, Estado de México, cerraron la carretera federal México-Puebla en demanda de que se esclarezca el secuestro y asesinato de una menor. La prensa, ni tarda ni perezosa, dijo que los “alborotadores” eran antorchistas. Falso nuevamente. Era gente cercana a la familia de la víctima que pidió y obtuvo amplio respaldo popular, pero no sólo de Antorcha ni encabezados por Antorcha. Finalmente, el presidente de Toluca, un satrapilla desvergonzado, no conforme con negar vivienda a los pobres de su Municipio, salió a los medios a declarar que su política de oídos sordos es algo “perfectamente planeado” y que, por lo mismo, la protesta de los inconformes no le significa presión alguna. Pero, eso sí, amenaza con denunciarlos ante Derechos Humanos “por la contaminación auditiva que provocan”. ¿Qué le parece, amigo lector? Estas, y muchas agresiones más por el estilo, hemos recibido sin que podamos defendernos, sin que podamos responder a nuestros detractores con la claridad y contundencia que merecen, precisamente por falta de “libertad de expresión”.
En México, y esto debería tenerlo claro todo mundo, la única vía realmente popular para ejercer la “libertad de expresión” es la protesta pública, esto es, marchas, mítines y plantones básicamente. Pues bien, a últimas fechas hasta esta precaria rendija de libertad está siendo atacada y satanizada por los sectores más reaccionarios, alegando que “viola el derecho al libre tránsito” de los automovilistas. Y así es, en efecto. En ello reside, precisamente, su relativa eficacia como arma de lucha. Querer “reglamentarla” o prohibirla alegando como defecto lo que es su mérito principal, es darle la puntilla al último reducto de verdadera “libertad de expresión” que queda en el país; y es, por tanto, quitarle la hoja de parra a nuestra “democracia” para dejarla en cueros, para exhibirla, de acuerdo con la medida que se le aplicó al Presidente Chávez, como una dictadura en la cual a los pobres se les quita hasta el derecho al pataleo. ¡Síganle pues; por ahí vamos bien!
*Aquiles Córdova Morán: Secretario general del Movimiento Antorchista Nacional
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