Y después de la SCJN, ¿qué?
A menos que los magistrados rechacen el proyecto de dictamen de su compañero Juan Silva Meza, todo apunta que esta semana la SCJN emitirá un veredicto contrario al gobernador Mario Marín Torres y a su gabinete legal, ampliado y extraconstitucional, en especial a la procuradora Blanca Laura Villeda, al consejero Ricardo Velásquez, al titular del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido y la jueza Rosa Celia Pérez González, éstos dos últimos representantes de un “poder judicial” que - en los hechos – funge sólo como ventanilla de trámite del gobierno.
Es obvio que los defensores de oficio del gobierno estatal, entre los cuales se encuentra una gran cantidad de medios informativos locales, tratarán de minimizar el escándalo diciendo que el veredicto condenatorio de la Suprema Corte no tiene un alcance legal que obligue al gobernador a separarse de su cargo o haga que los Congresos local y federal le inicien un juicio político.
También es claro que los panistas, dirigentes empresariales y religiosos seguirán lucrando política y económicamente con el escándalo. En su infinita hipocresía, los primeros retomarán el caso Cacho después de haberse olvidado de él durante más de un año, mientras que la derecha enquistada en la IP y en el clero incrementarán sus exigencias, para continuar conviviendo con el gobierno otorgándole una legitimación de facto.
De confirmarse y aprobarse en los términos en que está descrito por La Jornada, Universal y Reforma, queda claro que el dictamen de la SCJN implica un severo golpe mediático y político no solamente a gobernador, sino a toda su administración, en especial por la inevitable pérdida de credibilidad y legitimidad, ya que el máximo tribunal del país habrá dictaminado que dos de los tres poderes de la entidad se confabularon contra Lydia Cacho.
El desprestigio nacional e internacional que este veredicto generaría al gobierno difícilmente podrá ser aminorado por los columnistas y conductores de radio y TV locales, pese a que continuarán con el manto de protección, complicidad y silencio con que desde el principio la mayoría intentó tapar el asunto.
Aunque algunos voceros estatales han adelantado que después del dictamen habría cambios en el gabinete y hasta un relanzamiento del gobierno, es muy poco probable que los movimientos se den, porque sería contradictorio que Marín Torres removiera a los funcionarios evidenciados por una Suprema Corte que también lo encontró culpable a él.
¿Con qué autoridad política o moral se podría quitar a la procuradora, a Pacheco Pulido y a la jueza, cuando el fallo implica al propio mandatario y estos movimientos significarían un reconocimiento tácito de que se actuó mal en el caso Cacho?, versiones que han sido desmentidas una y otra vez por el gobierno y sus defensores de oficio y oficiosos.
Este escenario permite prever que la administración estatal rechazará un fallo negativo de la SCJN, pedirá la intervención del PRI nacional y de los gobernadores priístas en su defensa y se quejará de que la actuación de los ministros fue más política-mediática que jurídica.
También es factible que el TSJ y el Congreso local sigan sumados al gobierno, que descalifiquen a la propia SCJN y que el Legislativo poblano se niegue a acatar la recomendación de la SCJN de iniciar un juicio político. Si esto ocurre, en los próximos meses se dará una interesante confrontación entre los poderes establecidos de Puebla contra la corte.
Otro argumento del priísmo es que el PAN usará el escándalo como la base de su propaganda negra para los próximos comicios locales y, aunque tenga razón, ello no reduce la importancia política, electoral y social del veredicto condenatorio, que – sin duda - afectará a todos los candidatos del PRI, en especial a los más cercanos al gobierno.
Estocada
Una pregunta que se responderá en los próximos días es hasta dónde sigue vigente el pacto entre los gobernadores priístas y Felipe Calderón Hinojosa, porque no solamente el caso Cacho se ha reactivado, sino también el de Oaxaca, que es analizado por la misma corte.
En este punto, Calderón Hinojosa continúa necesitando a los priístas y las embestidas de la SCJN contra Ulises Ruiz y Mario Marín pueden ser parte de una estrategia, para ablandar a los gobernadores del PRI y obligarlos a aprobar “sus reformas estructurales” en los términos que el FMI y el Banco Mundial desean.
Incluso, para que en el Congreso de la Unión pueda prosperar la demanda de juicio político contra los mandatarios de Puebla y Oaxaca, el PAN necesitaría el respaldo del Frente Amplio. Por ende, al menos por el momento, parece difícil que tenga consecuencias reales y serias el posible emplazamiento de la corte contra Mario Marín Torres.
Habrá que esperar para constatar si el priísmo nacional y los gobernadores cierran filas en torno a Ulises Ruiz y Mario Marín, puesto que no debe descartarse que haya una negociación política en la que el tricolor se vea obligado a sacrificar a alguno. Si esto ocurre, la decisión final dependería de determinar qué gobernador cuenta con más compromisos reales con la federación o cuál es más importante al interior de su partido.
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