Estancamiento
Pueblo que no aprende de sus errores, está condenado a repetirlos y, desafortunadamente, así sucede en México, que en lugar de avanzar se mantiene estancado en rubros importantes, como lo demostró el manejo faccioso de Felipe Calderón Hinojosa al caso Cacho y a la SCJN.
La SCJN debía emitir un dictamen en el caso Cacho basándose en el marco legal, en las pruebas y en las dos investigaciones existentes ya. Si en el país el Estado de Derecho fuera una realidad, el fallo a favor o contra el gobierno estatal tenía que haberse dado antes de los tiempos electorales y como tema aparte de la reforma fiscal calderonista.
Aunque una buena mayoría de mexicanos y de la opinión pública internacional sabe perfectamente qué ocurrió, por qué, quiénes son los responsables y hasta ya emitió su sentencia condenatoria a todos los involucrados, no sólo por los abusos contra Lydia Cacho, sino por el lucro político con el caso, los ministros decidieron prestarse al juego sucio y a la manipulación política del PAN –Gobierno.
En los hechos, Calderón Hinojosa está demostrando que gobierna igual o peor que los peores presidentes de la república priístas. Veamos: si los gobernadores priístas manipulan a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia erigiéndose en los juzgadores de facto, lo mismo hace Calderón Hinojosa al anteponer el interés de imponer al PRI su reforma fiscal en detrimento de que se resolviera (en uno u otro sentido) un caso que mantiene semiparalizado a Puebla y que se relaciona con importantes derechos humanos.
El calderonismo tuerce la aplicación de la justicia con fines políticos y electorales, como en los peores tiempos del PRI, igual que en los estados gobernados por las clases políticas priístas más obtusas y tradicionales. La globalización, modernización y presunta transición a la democracia no han permeado en los gobernantes mexicanos ni favorecido a la sociedad.
Esto se demuestra claramente con el caso Cacho y sus derivados, porque si - como lo dictaminó el magistrado Juan Silva Meza - Mario Marín usó sus privilegios como gobernador, para pagar a Kamel Nacif un favor electoral, Calderón Hinojosa incurre en lo mismo al impedir la aplicación de la justicia a quienes le ayudaron a ganar una elección más que irregular y, además, mantener vigente el caso Cacho, para chantajear al PRI y fortalecer al PAN.
Durante el salinato, el panismo fue patiño del tricolor y del propio Carlos Salinas de Gortari, al legitimar una elección presidencial más que dudosa y aprobar todas las reformas que le propusieron, a cambio de que se le reconocieran supuestas victorias comiciales, muchas de ellas sospechosas, como la de Guanajuato o Chihuahua.
Hoy, el priísmo es el legitimador oficial del calderonismo, es el comparsa del albiazul en el Congreso de la Unión y viola su ideología supuestamente revolucionaria al apoyar las contrapropuestas panistas para acabar con el Estado Social, recibiendo en pago impunidad para sus correligionarios cuestionados y la promesa presidencial de que no dejará que el PAN trate de ganar elecciones en los estados priístas y, por el contrario, que le dejará recuperar posiciones perdidas, como Yucatán.
“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”, decía el precepto juarista que, una y otra vez, fue despreciado por el panismo que se definía como partidario de una democracia y Estado de Derecho sin adjetivos. El ejercicio del poder los ha llevado a pervertir la justicia, igual que el PRI, con la diferencia de que los panistas se perdieron en mucho menor tiempo.
Todo esto nos lleva a una conclusión que ya ha sido resaltada por diversos analistas: el país sigue estancado en la impartición y politización de la justicia. La SCJN no es un poder independiente al Ejecutivo federal, como tampoco lo son los Tribunales Superiores de Justicia de los estados respecto a los gobernadores en turno.
Estocada
Además de los propios magistrados, el peor damnificado por el no dictamen de la SCJN fue el PRI, en especial el poblano, que seguirá siendo usado como moneda de cambio para tratar de ganar o perder elecciones, conforme convenga al dueño del “aparato” y a las negociaciones del momento.
Este contexto establece que para las elecciones locales de noviembre los candidatos priístas (cualesquiera que sean) no solamente tendrán que enfrentarse al gobierno federal, al PAN, a la Derecha yunquista enquistada en las cúpulas empresariales y al propio desprestigio del partido y de casos como el de Lydia Cacho y el de Oaxaca, sino que - muy probablemente - también deberán superar la línea gubernamental estatal a favor de que el priísmo sea vencido.
En condiciones político-electorales normales, para la jornada de noviembre el PAN contaría con el respaldo calderonista y el PRI con el del gobierno estatal, lo que permitiría equilibrar la balanza y darle cierta equidad a la contienda, en lo que se refiere al esquema bipartidista que, lamentable y negativamente, prevalece a la entidad.
Sin embargo, las condiciones prevalecientes en la entidad distan mucho de ser normales y hasta se puede dar el caso de que los priístas enfrenten una doble elección de Estado: la operada por las delegaciones del gobierno federal y la causada por el abandono (o quizá hasta boicot) de la estructura oficial estatal.
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