Patadas de ahogado, recurso de inconformidad de Marín
Opina el abogado de Lydia Cacho
Selene Ríos Andraca
El recurso de inconformidad presentado por el gobernador Mario Marín Torres y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inoportuno y “una patada de ahogado”, debido a que la investigación contra el mandatario ya ha concluido, explicó Xavier Olea Trueheart, abogado de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
“El recurso no es más que la prueba de que al gobernador de Puebla le faltó una mejor estrategia de defensa, y ahora sólo demuestran su miedo y su temor, porque es muy posible que la Corte fallará a favor de Lydia Cacho”.
En charla telefónica, consideró que el recurso de inconformidad presentado por la defensa del gobernador es sólo “una patada de ahogado”, ya que la Consejería Jurídica tuvo ocho meses para manifestar sus quejas en torno a la investigación que encabezó el ministro Juan N. Silva Meza.
“Es una patada de ahogado, una vez que Marín conoció el sentido de los planteamientos del ministro Juan Silva presenta una inconformidad. Demuestra que está preocupado, que está nervioso, y con argucias jurídicas y no jurídicas pretende y está haciendo todo para cambiar el sentido del dictamen, pero creo que ya es tarde para eso. El ministro culminó la investigación hace días”.
Ayer, El Sol de Puebla publicó —en una nota del reportero Salvador Ríos— el recurso interpuesto por la Consejería, el cual, entre otros argumentos, señala que la Comisión Especial, nombrada el pasado 19 de septiembre, se extralimitó en sus funciones: cuestionaron al gobernador sobre la pederastia y jamás permitieron que la defensa tuviera acceso al expediente de la investigación.
“En la comparecencia del gobernador ante la Comisión Investigadora se le informó que el motivo por el que se le citaba era para que declarara sobre hechos de pederastia, lo cual resulta absurdo ya que no constituye el objeto de esta averiguación (…)”.
Para la defensa de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, los abogados de Mario Marín comenzaron a quejarse de la investigación hasta que Reforma, El Universal y La Jornada informaron el eventual dictamen de la investigación de la Suprema Corte, el cual concluye que el mandatario confabuló con autoridades estatales y con Kamel Nacif para aprehender y violentar las garantías individuales de Lydia Cacho.
Aunque, Olea Trueheart añadió, los abogados del gobernador, el consejero jurídico y el propio Marín tienen todo el derecho a promover cualquier documento que consideren pertinente para defenderse, la fecha ideal para hacerlo fue el pasado 19 de septiembre, cuando la Corte aprobó por mayoría desechar el dictamen de exoneración y enfocar una segunda pesquisa en torno a la pornografía infantil, la pederastia y la relación de Marín con el empresario de origen libanés conocido como “El Rey de la Mezclilla”.
Una de las quejas de la defensa de Marín es no haber tenido acceso al expediente de la investigación, pero en respuesta Xavier Olea dijo que ellos tampoco accedieron a la investigación completa, sólo conocieron las diligencias directas de Cacho —en las cuales estuvieron presentes— y las hechas públicas en el Diario Oficial de la Federación.
Las quejas de Marín
A continuación, algunas quejas marinistas presentadas a la Corte el día en que se dio a conocer a nivel nacional que el máximo tribunal del país propondrá juicio político contra Marín.
“El gobernador del Estado de Puebla siempre ha sido respetuoso con la investigación que ha efectuado la Corte, no obstante que la segunda Comisión se ha excedido no sólo en el objeto sino, incluso, en sus facultades. Es el caso que en todos sus acuerdos puede leerse que: La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Comisión Investigadora ha dictado un acuerdo; incluso ha declarado que formalizó los trabajos de la primera Comisión. Lo que se considera como una actitud que implica una desvaloración de los trabajos efectuados por la primera Comisión, y ha ido materializando la hipótesis contenida en el voto concurrente que formuló el Ministro Juan N. Silva Meza (…)
“En estos términos, estando a favor del sentido de la sentencia mayoritaria, consideramos que la ejecutoria debió sustentar como razón principal, y con mayor énfasis que las otras, que la gravedad del caso radica en las posibles violaciones sistemáticas a los derechos de menores de edad, cuya denuncia pudo derivar en la posible violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, como parte de una estrategia de órganos estatales, conjuntamente con particulares, para reprimir su actuación respecto a los hechos referidos.
“En la investigación se limitó el ejercicio de la garantía constitucional a la defensa. En tanto que no se le permitió al gobernador ni a sus abogados el acceso al expediente para poder saber en qué hechos se le involucraba. Los escritos presentados por el gobernador nunca fueron acordados; asimismo los alegatos nunca fueron tomados en cuenta, como se deriva de las resoluciones de los magistrados de la Comisión Investigadora. Y en tanto que no hay disposición constitucional de excepción respecto de la vigencia de la garantía a la defensa, resulta indudable que tal garantía despliega su total vigencia y su plena fuerza vinculatoria frente a todas las autoridades, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, desde luego, a la Comisión creada para llevar a cabo la averiguación constitucional, cuyos miembros están obligados a observarla sin excusa ni pretexto.
“Otro exceso de la Comisión Investigadora es la emisión de reglas. Erigida en órgano supremo, la Comisión ha decido qué garantías constitucionales disfruto, sin que sea ésta una facultad propia de ella. Además en el procedimiento, sea de la índole que fuere, al gobernador no se le respetaron las formalidades esenciales del mismo.
“En la investigación realizada por la primera Comisión se estableció que de ninguna de las entrevistas realizadas a las personas que comparecieron y que tuvieron alguna injerencia durante la detención de la periodista y durante este procedimiento, ninguna, hizo referencia a haber recibido instrucción precisa por parte del gobernador; y como lo expresa el dictamen de engrose del ahora ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ‛y que si existieron algunas irregularidades procesales, en ellas no se detecta ninguna participación del gobernador del Estado. Esto implica por lo menos que, con base en la investigación de todos los efectos que pudiera haber producido una concertación entre los más altos funcionarios del Estado de Puebla, gobernador, procuradora, presidente del Tribunal Superior de Justicia’, o no existió esta concertación como tal o quienes tuvieron a su cargo la investigación y trámite de esta denuncia no les hicieron caso y, en consecuencia, no produjo ningún efecto material esa concertación”.
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