El exterminio del PRI
Todo indica que en la elección local próxima los poblanos seremos testigos de la finalización de un proceso que comenzó el 14 de febrero de 2006, se ratificó el 2 de julio de ese año y concluirá en noviembre: el exterminio del PRI en la entidad con una entrega pactada del poder al PAN.
Ésta es la conclusión a que se puede llegar después del altercado que Omar Álvarez Arronte quiso provocar en un restaurante esta mañana, porque queda claro que el principal beneficiado con este tipo de desvaríos es el PAN y que, el hecho de que en el PRI nadie ponga orden, puede entenderse como una permisividad cómplice, que genera sospechas fundadas de que al interior del priismo se fomenta la debacle del partido.
Cuando en la ciudad el PRI se encuentra 15 puntos y 5 distritos abajo del PAN en las encuestas, es obvio que lo que menos necesitan los priístas es escándalos y desprestigio social. Tampoco se requiere ser un genio, para saber que cualquier campaña mediática y política contra un gobierno emanado del tricolor afecta sensiblemente sus de por sí mermadas posibilidades de triunfo.
Este contexto hace necesario formular algunos cuestionamientos, porque ¿es casual que pocos días después de que los dos líderes de los grupos más importantes del PRI en la entidad lleguen a acuerdos, para intentar dejar atrás la polarización interna, realizar obra pública conjunta y, como consecuencia, generar una buena impresión en los electores, un “priísta distinguido” - como lo llamaron Valentín Meneses y Maximiliano Silerio
- trate de provocar un escándalo en un lugar público?
¿Es casualidad que el 22 de febrero Álvarez Arronte haya armado un escándalo mediático con “pruebas” de supuestas operaciones financieras ilegales de funcionarios municipales y que, un mes después, “se encuentre” a Ignacio Mier Velasco en un restaurante y, frente a la prensa, lo agarre a golpes?.
Es lógico que un político sin futuro intente arrastrar en su caída a quienes considera sus enemigos. Álvarez Arronte no tiene nada qué perder y lo sabe, ya que será difícil que algún grupo pueda volver a confiar en él y lo incluya en puestos y responsabilidades importantes, una vez que su conflictividad y deslealtad han sido demostradas varias veces.
Lo que llama la atención es la nula capacidad de los dirigentes (formales y reales) del PRI, para convocar a una tregua duradera y forzar a los grupos a postergar sus vendettas, cuando menos hasta que pase el proceso electoral. Esta incompetencia política es sospechosa, sobre todo por provenir del grupo más influyente y poderoso en la entidad.
Parece que “alguien” al interior de él trata de dinamitar la tregua apenas pactada, mediante campañas mediáticas de desprestigio, acoso financiero y político y violencia física. En primera instancia, el afectado sería el grupo político municipal, ya que cuenta con menos recursos e influencia; sin embargo, en el mediano plazo, el más dañado sería el priismo, que entregaría al PAN todo el poder y quedaría a su merced.
En este sentido, ¿qué le hace pensar al marinismo que - cediendo la capital del estado y el Congreso local - ahora sí Felipe Calderón cumplirá su promesa y hará que la SCJN deje impune el caso Cacho?, ¿qué le garantiza que una mayoría legislativa panista no someterá al gobernador a un juicio político o rechazará sus cuentas públicas?.
En términos reales, el exterminio del PRI en el estado no le garantiza al marinismo su subsistencia, ni siquiera con el membrete de Esperanza Ciudadana o por un IEE oficialista. Con una mayoría panista en municipios y diputaciones, además de un gobierno federal también del blanquiazul, ¿quién o qué impedirá que el grupo estatal sea depuesto, hostigado o exhibido?
Aunque las anteriores son reflexiones elementales, parece que dentro del grupo político más poderoso del PRI estatal prevalece la encomienda de acabar con el adversario interno, sin importar las consecuencias colaterales negativas para él mismo o el propio partido.
Estocada
Resulta conmovedor leer a los directivos del periódico más oficialista de la entidad, Intolerancia, rasgándose las vestiduras por defender a uno de sus reporteros de una presunta embestida del diario Cambio y del ayuntamiento, cuando es el mismo medio que permitió que uno de sus periodistas, Mario Martell, fuera golpeado por guaruras de Roberto Marín Torres y hasta deslindaron al hermano del mandatario del ataque, pese a que el resto de la prensa que difundió la agresión sí informó claramente a quién obedecía el gorila.
Es positivo y hasta aplaudible que un medio informativo defienda a sus colaboradores de los ataques de cualquier gobierno, institución o grupo, pero - cuando solamente lo hace frente a un nivel gubernamental y solapa las agresiones de otra instancia oficial de la que es vocero - queda clara su postura sesgada, manipulada, pervertida.
La vehemencia con que los directivos de Intolerancia defienden a Alejandro Camacho de la denuncia penal que un particular interpuso en su contra, antes de que el periódico difundiera las quejas contra el antro en cuestión, debió ser la misma con que se protegiera a un Mario Martell golpeado por el guardaespaldas de un político.
La conclusión es clara: en Intolerancia se aceptan y se solapan las agresiones de políticos estatales y solamente se combaten las de funcionarios municipales (supuestas o reales). Hasta en esto se refleja el tufo de una línea periodística oficialoide.
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