¿Vamos bien?
El miércoles 14 de marzo se realizó en Puebla una jornada sobre transparencia y acceso a la información pública, convocada por la organización México Abierto, y con sede en la UPAEP.
Para comentar el estado del acceso a la información pública, participamos en una mesa Leonardo Corro, presidente de la Comisión Municipal de Acceso a la Información; Alberto Peralta, asesor del diputado federal Alberto Amador León; y una servidora. Para hablar sobre la experiencia en el uso de las leyes, intervinieron los periodistas Juan Pablo Proal, corresponsal de Proceso; Salvador Ríos, de El Sol de Puebla; y Selene Ríos, de Cambio, así como el académico de la UIA Roberto Aguirre, y René Sánchez Galindo, de Zero 8.
Durante mi intervención comenté que para conocer el estado del acceso a la información en el estado de Puebla sería necesario que la Comisión de Acceso tuviera, precisamente, acceso a la información que solicitan los ciudadanos y a las respuestas que ofrecen las autoridades. Hasta la fecha, el control del sistema de solicitudes de información lo tiene la Sedecap, a través de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual está muy bien, porque es el área del gobierno estatal encargada del tema; pero sería muy bueno que la Comisión tuviera posibilidad de entrar al sistema, para tener conocimiento de qué preguntan las personas y qué contesta el gobierno.
Por el informe que cada semana la Fiscalía Anticorrupción entrega a la CAIP sabemos que hasta el 11 de marzo se habían recibido 1,277 solicitudes de acceso. ¿Qué nos dice ese número? No gran cosa. Es información cuantitativa que no dice mucho sobre cómo está funcionando realmente el acceso a la información en Puebla. La CAIP necesita más información y datos cualitativos para poder hacer una valoración del estado de la cuestión.
Tal como están las cosas, sólo cuando se recibe un recurso de revisión en la CAIP nos enteramos de qué solicitó el ciudadano, qué le respondieron, por qué está inconforme, y qué argumentan las autoridades.
Desde la plena entrada en vigor de la Ley, hace más de un año, hemos recibido en la CAIP 29 recursos de revisión. 29 quejas después de 1,277 solicitudes. Hay dos explicaciones posibles: a) 1,246 solicitudes de información fueron respondidas a la entera satisfacción de los ciudadanos que las hicieron; o b) de todas las personas que recibieron respuestas con las que no estaban satisfechas, sólo 29 conocían la posibilidad de interponer un recurso de revisión, estuvieron pendientes de que no se les venciera el plazo de los 10 días hábiles, sabían o investigaron cómo hacer el escrito -con agravios incluidos- para manifestar su inconformidad, y términos como “presentar pruebas” no los intimidaron.
También habría que decir que de los 29 recursos presentados, cuatro se encuentran en proceso de resolución, y de los 25 resueltos, 8 fueron desechados por improcedentes –la mayoría por haberse presentado de manera extemporánea-; 7 fueron sobreseídos -2 por improcedentes, 1 porque la autoridad entregó la información antes de que se dictara la resolución y 4 por desistimiento del recurrente-; en uno se confirmó la respuesta que había dado la autoridad; y 9 fueron resueltos a favor del ciudadano.
Es decir, de las 25 quejas, sólo en nueve casos la CAIP ha resuelto que se le tiene que entregar la información a los solicitantes.
Además de estos problemas, derivados de los diseños institucionales y de la falta de difusión que requiere un nuevo derecho, detecto algunas otras dificultades, como que el sistema electrónico estrictamente no permite la respuesta por medio electrónico (presenta las posibilidades de copia simple, copia certificada o cd), o que el proceso de pago es complicado, porque cuando le avisan que la información ya está a su disposición, el ciudadano tiene que acudir a la dependencia, para que le den una orden de pago, con ella acudir a realizarlo a una caja de Finanzas, y con el comprobante regresar por su información.
Pero ante el panorama desalentador arriba descrito, hay que decir que también existen casos exitosos de acceso. En lo particular me tocó asesorar a un ciudadano de Chalchicomula, a quien la Secretaría de Desarrollo Social del Estado le contestó exactamente lo que preguntó, antes de que se venciera el plazo de los 15 días hábiles. Muy bien. Seguro muchas otras dependencias están cumpliendo adecuadamente con la Ley, y están entregando la información en tiempo y forma. Mi problema, el problema de la CAIP, es que si de las inconformidades podemos enterarnos a través de los recursos, los casos de éxito no podemos conocerlos, porque no tenemos acceso a las respuestas que dan las autoridades.
Con la inminente reforma a la constitución, de la que ya hemos hablado en este espacio, en un plazo máximo de dos años después de que se publique la reforma al artículo 6, todos los estados deberán contar con sistemas electrónicos para que las personas puedan hacer solicitudes y procedimientos de revisión por medios remotos. Estos sistemas facilitarán, indudablemente, el acceso a la información. Y esperemos que la reforma local, en su momento, considere otros temas que también deben mejorarse.
Josefina Buxadé Castelán.- Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública vnbjosefina.buxade@caip.org.mx
Nota: Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.
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