Se confirma: el problema fue político-electoral
La publicación, el lunes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, del resultado de la investigación que realizaron los comisionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, confirma una vez más, que el asunto Kamel Nacif-Lydia Cacho-Mario Marín, fue eminentemente político, sobredimensionado por los medios de comunicación para que surtiera el efecto deseado: disminuir al PRI en uno de los estados que tradicionalmente le ha aportado más votos.
«En relación a la presusnta intervención del Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, en los hechos que anteceden, al contar unicamente con la supuesta conversación telefónica entre éste y el empresario José Kamel Nacif Borge, no es posible determinar su participación, pues como se señaló al principio de este informe, a consideración de esta Comisión y a reserva de lo que este aspecto señale el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha prueba es ilícita desde la perspectiva constitucional, por lo que no fue motivo de esta investigación».
Esto significa (lo que Chente quiso decir) es que los magistrados que conformaron la comisión designada el 18 de abril del 2006, no encontró ningún ilícito que haya sido cometido por el mandatario estatal.
Se agraga en dicho documento publicado por el Diario Oficial de la Federación que, «se pudo comprobar que no existió un trato diferenciado y particular para llevar a cabo la detención de la periodista, debido a que su captura se realizó en los términos previstos en el convenio de colaboración que suscribieron la Procuraduría General de la República, la del Distrito Federal y las de los treinta y un estados del país».
También se expresa que el traslado se realizó en condiciones normales. La señora Cacho no estaba enferma de gravedad (tenía un malestar de la garganta), se le proporcionó alimento, medicamentos, liquidos y prendas de ropa para protegerse del frío. Se le dieron facilidades para que mantuviera comunicación telefónica con amistades y familiares y cuando llegó a Puebla, la esperaban familiares, amigos, periodistas, una senadora de la república y el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
LOS PANISTAS LO NIEGAN
La afirmación de que todo fue una intriga política para desprestigiar al PRI en Puebla (lo mismo se hizo en el estado de México, en Oaxaca y se pretendió hacer en Veracruz) la niegan los panistas y los neo panistas y es lógico, ellos creen que su partido no es capaz de hacer una cosa semejante y es que todavía no conocen a su ahora partido.
En el PAN hay grupos ultraderechistas, como El Yunque, dispuestos a lo que sea, con tal de mantenerse en el poder y fueron ellos los que idearon todo ésto, con buenos resultados, porque eso no se puede negar.
Los medios de comunicación, principalmente electrónicos, contribuyeron grandemente al éxito de este «complo» como dijera Andrés Manuel López Obrador, pues sobredimensionaron el problema hasta grados nunca antes vistos.
En vísperas del desfile del 5 de mayo, tres «líderes» del PRD local, se entrevistaron en Los Pinos, con Ramón Muñoz, alto dirigente del Yunque y funcionario federal entonces (hoy es senador) quien les dio instrucciones y dinero, para que provocaran desordenes en Puebla e hicieran abortar el tradicional desfile cívico militar.
Alertadas las autoridades estatales, mantuvieron una buena vigilancia, los policías no cayeron en provocaciones y no pasó nada.
Además, se dice que los «comsionados perredistas» no «repartieron» el dinero, se lo clavaron y por eso el borlote que se pensaba armar el 5 de mayo, solo quedó en un intento. Los que se quedaron como las novias de pueblo, fueron los panistas, que se paseaban impacientes a lo largo del boulevard, para aprovechar el desmadre que armarían los perredistas, pero éstos fallaron.
¿CUAL SERA EL FINAL DE LA HISTORIA?
La publicación en el Diario Oficial de la Federación del resultado de la investigación realizada por la primera comisión de la SCJN, significa que el máximo tribunal de la república, considera que no hay elementos jurídicos para implicar al gobernador Mario Marín, en el asunto Kamel-Cacho.
La única prueba que hay en su contra, es la grabación, que como dice la misma Comisión, no puede ser tomada en cuenta por ilegal, desde el punto de vista constitucional.
La Suprema Corte, no podría considerar como una prueba válida la grabación, ya que la propia Constitución General de la República prohibe cualquier tipo de intervención en las vías de comunicación, a menos que haya una orden judicial de por medio.
Por lo que se refiere a la investigación que otra comisión del máximo tribunal del país realiza, es para ahondar en lo mismo y llegará a la misma conclusión. Podrá encontrar algunas fallas administrativas o burocráticas, pero nada más.
Se está urgiendo a la Suprema Corte para que termine este asunto, debido a que si se prolonga por más tiempo la emisión de un resolutivo, podría seguir siendo empleado para fines políticos. Ya lo dijo en reciente visita a Puebla el ex procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ex dirigente y diputado panista y ahora colaborador de Andrés Manuel López Obrador: «El asunto Lydia Cacho-Marín, es un arma electoral del PAN. Recuerden que en Puebla este es año electoral».
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