LEYES Y JUSTICIA NO SIEMPRE COINCIDEN
En nuestros días, los gobernantes suelen invocar la ley como si se tratara de la verdad revelada; la esgrimen y aplican a rajatabla, como si tuviera un origen divino, situado más allá y por encima de la sociedad, y no fuera, como realmente es, producto del cerebro del hombre y expresión de las relaciones económicas, políticas y sociales que privan entre ellos. Los teóricos del Estado moderno aseguran que una sociedad gobernada por leyes es, automáticamente, una sociedad libre, lo cual no es incondicionalmente cierto. Ya en otra ocasión he tenido oportunidad de recordar que un individuo, o una comunidad humana completa, son y se consideran libres sólo en el caso de que no haya nadie, por fuera y por encima de ellos, que los obligue a actuar en contra de su voluntad, es decir, cuando sienten que sólo se obedecen a sí mismos. Y tratándose de la población de un país, esta condición se cumple, única y exclusivamente, cuando las leyes reflejan de modo fiel y completo sus intereses materiales y también sus costumbres, sus hábitos y su cultura en general, o lo que es lo mismo, cuando el pueblo es su propio legislador.
Pero resulta que esto es, precisamente lo que no ocurre en la sociedad actual. En ella, el pueblo ha sido sustituido en esta importante tarea, por un cuerpo especializado, por un “poder legislativo” integrado, teóricamente, por representantes elegidos por la ciudadanía. En la práctica, sin embargo, la autenticidad de tal representación resulta muy discutible por dos razones: primera, los electores no conocen nunca suficientemente la trayectoria y capacidades de los candidatos que se le proponen y, además, son sumamente vulnerables a la influencia mediática y económica de quienes solicitan su voto. Así, no votan por el mejor sino por quien haya aparecido unas veces en la televisión, o por quien le haya dado mejores dádivas. En segundo lugar, una vez electos los tales representantes, el elector pierde todo control sobre su actuación y carece de recursos para pedirles cuentas de su actuación. Este mecanismo abre, pues, de par en par, la puerta a leyes erróneas, parciales, injustas, hostiles al interés social y con dedicatoria a los poderes legales y fácticos de la vida pública. Así se explica la reciente aprobación de ordenamientos tan lesivos a la nación y a los trabajadores como la ley de Radio y Televisión, que deja en manos privadas el espacio radioeléctrico propiedad de todos los mexicanos, la ley que reforma el sistema de pensiones del ISSSTE en perjuicio del magro salario de los trabajadores del Estado o la ley contra el terrorismo que, a la chita callando, criminaliza la protesta ciudadana en contra de gobernantes insensibles e incompetentes.
En este contexto, resulta por demás inquietante lo que ocurre con los periodistas, con los trabajadores de los medios informativos en general, y con la ley relativa a la libertad de prensa y de información. Con motivo de las agresiones, las desapariciones y los asesinatos comprobados que han sufrido los hombres de la grabadora y la cámara en los últimos tiempos, crímenes ciertamente muy graves y condenables porque atentan contra las libertades básicas del país, se ha levantado un clamor demasiado parcial, demasiado unilateral, que tiende a presentar a los reporteros y columnistas como hombres de otro planeta, como seres de excepción incapaces de cometer ningún delito ni de infringir la ley en perjuicio de sus semejantes. Este discurso idealizador busca crear para el gremio un nuevo fuero, es decir, como en el siglo XIX, estatuir que los informadores no pueden ser sometidos, bajo ninguna circunstancia, a las leyes que rigen al resto de los mortales, porque ello equivaldría a poner una mordaza a la libertad de expresión y de información. Y haciéndose eco de esta campaña, el H. Congreso de la Unión aprobó hace días la despenalización de los delitos de calumnia y difamación, cambiando la sanción corporal por multas en numerario prácticamente simbólicas.
El terreno es resbaladizo; se corre el riesgo de ser acusado de enemigo de la libertad de prensa y de información y hasta de estar de acuerdo con los agresores de periodistas, lo cual, en el caso mío y de mi organización, es absolutamente falso y nunca se podría demostrar con hechos. Lo que sucede es que alguien en este país debe tener el valor de decir la verdad, o nos hundimos todos en el fango de las mentiras y de los privilegios. Y en México es un secreto a voces que no todos los comunicadores ejercen su oficio con limpieza, con ética y con responsabilidad; que muchos no se limitan a cumplir su deber de informar, sino que con harta frecuencia se constituyen en sustitutos de los tribunales competentes y acusan, sentencian y exigen que sus sentencias se apliquen, tal cual, a quien han declarado culpable por sí y ante sí. ¿Qué figura publica, por otro lado, no ha sido víctima del famoso “periodicazo”? ¿Quién no ha tenido que sufrir impotente que un reportero o columnista, movido por intereses ajenos a la verdad, lo haga víctima, sin ninguna prueba, de ataques mortales, injurias sangrientas, acusaciones infamantes, escudado tras el fuero de su profesión? Finalmente, tampoco es secreto que muchos reporteros se comportan con insolencia, con prepotencia y con una agresividad excesiva con todo aquel que, en un evento cualquiera, “obstruye” su labor informativa, aunque tal “obstrucción” se limite a pedirle al señor de la grabadora o la cámara que permitan el desarrollo del acto en cuestión.
Pues bien, el fuero de facto a los comunicadores y la despenalización de las injurias, la difamación y la calumnia, dejan en total indefensión al ciudadano común y corriente y ponen en serio riesgo la seguridad de los propios comunicadores. Al primero le quitan el débil escudo de la ley para defender no su honra, que sería lo de menos, sino, en más de un caso, su libertad y su vida; y a los segundos los induce a cometer errores que pudieran resultar fatales si la “víctima” de los mismos resultara ser alguien perteneciente a las mafias del crimen, cuya ferocidad asesina no necesita ser aquí destacada. La permisividad unilateral y excesiva en nombre de la libertad de prensa y de información es contraria, por tanto, a los intereses del ciudadano y a la seguridad de los comunicadores. Ponerle límites racionales y justos es poner a salvo los derechos de unos y, probablemente, la vida de los otros.
*Aquiles Córdova Morán: Secretario general del Movimiento Antorchista Nacional
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