ASÍ SE GOBIERNA EN HIDALGO
En muchos puntos de la zona montañosa de Hidalgo, la marginación y la pobreza, sobre todo en las comunidades indígenas, es comparable a la de los países más pobres de África y del sureste asiático, donde las gentes, sobre todo los niños, mueren como moscas por las hambrunas crónicas y las devastadoras epidemias que les siguen como su consecuencia natural. Varias comunidades en esa situación se encuentran en el municipio de Tlanchinol, en la sierra hidalguense. Pues bien, desde que existen, estos pueblos han sufrido la falta de agua para consumo humano, carencia que se agudiza en los periodos de estiaje, que suelen ser intensos y prolongados en la región. Pensando en que los tiempos actuales son mejores, los indígenas de Tlanchinol propusieron al gobierno del estado, hace casi 20 años, dotarse de agua aprovechando un manantial cuyo caudal es suficiente para abastecer a todos los pueblos que la demandan, sólo que situado a más de 20 kilómetros de la cabecera municipal. Durante todo este tiempo, los gobiernos no hicieron otra cosa que maniobrar para desalentar a los peticionarios. En el juego participaron sin falta todos los Presidentes Municipales de Tlanchinol, por lo que las relaciones con sus gobernados fueron siempre ríspidas, difíciles y a veces de franco enfrentamiento.
Hace dos años los solicitantes, desengañados de las promesas oficiales, decidieron pedir apoyo del Movimiento Antorchista. El Comité Estatal en Hidalgo, encabezado por la profesora Guadalupe Orona Urías, aceptó tomar en sus manos el problema y, en poco más de un año, logró que se iniciara y concluyera la línea de conducción central. Pero al gobierno del estado no le gustó ni tantito la intervención de Antorcha. En primer lugar, porque la firmeza de principios y la independencia radical de esta organización, le han parecido siempre un peligro para sus planes de control absoluto del estado, razón por la cual le han aplicado siempre una política de freno y contención. En segundo lugar, porque un triunfo como el de Tlanchinol lesionaría el “principio de autoridad”, lo que decidiría a otros grupos cuyos problemas duermen también el sueño de los justos. Por eso, aunque lo que falta es nada, el agua no llega a quienes la necesitan, con la natural inconformidad de los afectados.
Ante la queja fundada de Antorcha, el Secretario de Gobierno se comprometió a enviar una comisión para verificar las razones que se alegan para no echar a funcionar el sistema. El día fijado, la comisión llegó, de manera calculada, 5 o 6 horas tarde para no encontrarse con los antorchistas, como realmente sucedió. Se reunió sólo con “amigos”, como era su propósito, y nadie supo lo que ahí se convino. Nueva protesta y el Secretario de Gobierno ofreció, para el sábado 12 a las diez de la mañana, una reunión con todas las partes interesadas, en la comunidad de Temango, para tomar, ahora sí, acuerdos sobre el problema del agua y sobre otros pendientes. Se aceptó. Pero, llegado el día, se presentó el Presidente Municipal una hora antes de lo convenido, también calculadamente, y acompañado de toda su policía y de un grupo en clara actitud provocadora. Se encerró en las oficinas de la autoridad local con sus incondicionales, lo que contravenía parte esencial del acuerdo, y cuando los antorchistas, a la hora convenida, intentaron entrar, la policía se los impidió armas en mano.
Acordaron entonces esperar en una galera pública, distante más de cien metros de donde se hallaba el Presidente; pero súbitamente fueron atacados por la policía y los provocadores quienes, tras golpearlos salvajemente, se llevaron a dos de sus compañeros. El grupo acordó no moverse hasta lograr la libertad de los detenidos o una explicación del Presidente. Para evitar cualquier provocación, decidieron actuar de manera absolutamente pacífica, pero a eso de las 6 de la tarde entraron los granaderos. El ataque fue inmediato, hubo gente lastimada y fueron detenidos siete antorchistas, entre ellos la líder regional Evelia Bautista y su ayudante principal, el compañero Nicolás Mejía Martínez. En este momento el terror y la incertidumbre reinan en Temango; los presos fueron ya consignados ante un juez acusados por el Presidente Municipal de motín, rebelión y privación ilegal de la libertad. Les han fijado una fianza de 350 mil pesos a cada uno, cantidad que ninguno de ellos ha visto junta en todos los días de su vida.
Lo de Temango fue una trampa evidente, una emboscada minuciosamente preparada desde las oficinas del Secretario de Gobierno para detener y encarcelar a los líderes antorchistas de la zona. Así lo prueba el boletín de prensa oficial en el cual, además de que se anticipa lo que, sólo varias horas más tarde, haría y declararía el Presidente Municipal, se convalidan las acusaciones de éste y se justifica la intervención de los granaderos y la detención de los siete líderes. No hay, pues, lugar para el optimismo: estamos ante un acto represivo fríamente calculado; el gobierno de Hidalgo está decidido a pagar el costo de prostituir la ley y tener en la cárcel a presos políticos, a prisioneros de conciencia, para dar una lección al antorchismo y frenar de una vez por todas su desarrollo. La guerra no es contra Temango sino contra Antorcha, contra el propio Comité Estatal si persiste en reclamar soluciones para los desamparados. Es una derogación de facto de las garantías constitucionales de asociación, organización, petición y manifestación pública, cosa relativamente rara en un gobierno emanado del PRI, abanderado por antonomasia de la justicia social. ¿Será entonces la señal, que no la orden, que reciben del gobierno de la República?
*Aquiles Córdova Morán: Secretario general del Movimiento Antorchista Nacional
> Columnas anteriores
|
