Opacidad y rapiña, 1ra parte
Personaje más cercano a la picaresca de las películas mexicanas de cabaret de los años setenta o a la carpa y al vodevil de décadas anteriores, que a la política de “Nueva Generación” o al servicio público, Humberto Aguilar Viveros representa muy bien lo que es: un usufructuario de la Revolución Mexicana que ha hecho de ella su modus vivendi o, mejor dicho, modus operandi.
Y el problema principal no es que la Secretaría de Finanzas y Administración (no la Contraloría ni el Orfise) haya tenido que salir a detener los excesos presupuestales del calzonzin poblano, ni siquiera el imaginarse hasta dónde llegó el daño a las arcas del DIF estatal, cuando el propio gobierno debió efectuar un mea culpa público al detener la sangría, sino la opacidad y rapiña con que se maneja el sector oficial en este país.
El problema de fondo es que en México los funcionarios públicos ganan lo que quieren, sin más límite que el de los tabuladores o leyes de Egresos que los propios gobernantes o sus diputados locales, federales y regidores elaboran, ya que – en un país en que casi todo está sobrelegislado – ni en la Carta Magna mexicana ni en las de los estados se han incluido parámetros o reglas, para controlar este rubro e imponer metas y objetivos que los gobernantes deban cumplir al devengar su sueldo.
En pocas palabras, desde el punto de vista legal y práctico los ciudadanos comunes y corrientes que pagamos los jugosos salarios de miles de funcionarios federales, estatales y municipales, no tenemos cómo evitar abusos u obligarlos a justificar lo que ganan. Las mismas entidades públicas – supuestamente – son las que se regulan a sí mismas y entre ellas.
El calzonzin poblano no fue descubierto (y exhibido) por el buen funcionamiento de las instancias fiscalizadoras o la estricta aplicación de las leyes vigentes, sino porque su abuso escandalizó hasta a sus compañeros de administración o por una revancha política y de grupos internos.
Lo preocupante, indignante y peligroso es que en un país como México y, sobre todo en entidades como Puebla, que padecen índices elevados de pobreza, marginación y polarización económica y social, se carezca de controles legales y técnicos efectivos, para evitar excesos y garantizar que quien reciba un salario del erario público lo devengue.
En años recientes, diversos investigadores han analizado este tema y sacado conclusiones sorprendentes y preocupantes. Uno de los más destacados es el catedrático de la UNAM, Andrés Valdéz Zepeda, quien en el 2002 concluyó que “el gobernar una ciudad o municipio debe significar servirla y no, como muchas veces pasa, que el gobernante sólo busca un beneficio personal”.
En su investigación, Valdéz Zepeda reveló que “en materia de salarios existe una gran discrepancia en el monto de los sueldos asignados correspondientes a los mismos cargos y puestos; además, en varios casos (i.e. Poder Legislativo y municipios) los montos de los salarios, incentivos y compensaciones se autoasignan de manera discrecional por los mismos altos funcionarios y hay una tendencia a aumentar desproporcionadamente las percepciones e incentivos de los altos funcionarios gubernamentales, a pesar de la difícil coyuntura económica de México.
”De esta forma, por ejemplo, encontramos que los presidentes municipales de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Atizapan de Zaragoza y Tecamac, del Estado de México, perciben salarios de 420 mil 477, de 179 mil 765, de 145 mil y de 141 mil 695 pesos mensuales, respectivamente, mientras que existen otros municipios en esta misma entidad cuyos alcaldes tienen un sueldo promedio que fluctúa entre los 35 y 25 mil pesos.
En el caso de los gobiernos estatales existen ejemplos, donde los mandatarios obtienen salarios muy generosos, como el caso de Jalisco, donde el gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña (hoy secretario de Gobernación federal) empezó su administración en el 2001 con un salario de 78 mil 642 pesos y para diciembre de ese mismo año tenía ya un sueldo bruto mensual de 152 mil 780 pesos”.
El mismo académico de la UNAM señaló que el sueldo del funcionario federal que se ganó el cargo destapando a Felipe Calderón Hinojosa “contrasta, por ejemplo, con el percibido por Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la ciudad de México, quien recibe un salario neto de 63 mil 367 pesos libres de impuestos e incluidas compensaciones”.
Pero no solamente los miembros del poder Ejecutivo se despachan con la cuchara grande, también los del Legislativo y Judicial, como lo detectó Andrés Valdés Zepeda al enfatizar que en los salarios de los “diputados también existe una gran heterogeneidad y diversidad. Tenemos ejemplos de legisladores, como en Nuevo León, que perciben por mes 106 mil 119 pesos y en otros casos de diputados locales que ganan 50 mil pesos mensuales”.
Esta diversidad en los montos de los salarios y, sobre todo, sus incrementos desproporcionados y estratosféricos, además de las compensaciones secretas o encubiertas, generado un gran rechazo, descontento e inconformidad.
”El análisis del académico añade que “las críticas se han incrementado debido a la desigualdad en el incremento de los salarios entre los mismos funcionarios, porque la burocracia gubernamental, en general, ha obtenido un incremento de 4.5 a 8 por ciento anual en los últimos años, mientras que para los funcionarios de alto nivel los aumentos han sido desproporcionadamente mayores, rebasando incluso la cifra del 70 por ciento.
La diferencia sustantiva en el incremento de las percepciones generales y las de los altos funcionarios gubernamentales ha contribuido a ampliar también este descontento social”.
”La situación de los salarios y remuneraciones de los funcionarios públicos en México es compleja y caótica debido, en parte, a la gran heterogeneidad de puestos existentes en la administración pública, a la falta de un marco normativo claro y de ordenamientos rectores en el país, sobre todo al alto nivel de discrecionalidad que la misma legislación les permite a los altos funcionarios en esta materia”.
Tampoco hay criterios claros para la definición del monto de los sueldos y compensaciones de los altos burócratas y, por el contrario, existe una verdadera anarquía en el rubro y no se tienen políticas coherentes para determinar el monto de los emolumentos de los servidores de primer nivel.
Otro importante aspecto negativo es que las remuneraciones de los altos funcionarios se componen de diversos rubros y conceptos, algo que los hace complejos y abultados, detalla el investigador de la UNAM, cuyo trabajo refleja claramente el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante la vulnerabilidad de las arcas públicas.
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