Bananerismo político
Varios subtítulos se me ocurrieron para esta columna, porque el tema lo amerita: “25 futuros diputados inútiles y su pastor”, “López Zavala o el caos”, “sucesión estatal ya decidida”, “complicidades y compromisos definen la Gran Comisión”, entre otros, que podrían aplicarse a la probable imposición del ex secretario de Gobernación como diputado local.
Desde el zavalismo se intenta vender esta triquiñuela hasta como una “cuestión de Estado”, como si el futuro político o social de la entidad dependiera de una sola persona, que ni siquiera es el gobernador (al menos él no fue el elegido en las urnas en el 2004). Creer esta versión implicaría que ni el propio Mario Marín Torres, Mario Montero, el gabinete estatal y los futuros diputados del PRI son capaces de garantizar la gobernabilidad de la entidad y, por ello, dependen del ex funcionario.
Propagar la versión de que depende de López Zavala la gobernabilidad del estado o del Congreso local, deja muy mal parados al actual secretario de Gobernación y a los 26 diputados electos, ya que implica que se les considera incapaces de sacar adelante las iniciativas que le interesen al jefe político de la entidad y de contener a una reducida fracción parlamentaria panista, pese a que ésta no cuenta con nombres de peso, toda vez que ni Eduardo Rivera Pérez, Leonor Popócatl, Enrique Guevara ni Manuel Janeiro se han destacado como “tribunos” en su quehacer partidista o público.
Lo curioso es que a partir del relevo en la secretaría de Gobernación estatal no se han generado problemas graves en la entidad y ni siquiera la disputa electoral ocasionó rupturas importantes. Incluso, Mario Montero Serrano restauró la relación institucional con actores políticos importantes que habían roto sus enlaces con el gobierno por los excesos y ataques del zavalismo.
Más allá de la genuflexión y servilismo de los diputados electos priístas dispuestos a botar a la basura su curul y, con ello, el voto de los ciudadanos que cometieron el error de apoyarlos, es previsible que al interior del partido la imposición caiga bastante mal al reflejar nulo un respeto a la carrera y trabajo político de quienes ganaron el 11 de noviembre.
Además, enviaría la señal de que el gobernador ya tiene candidato a sucederlo, por encima de otros marinistas que también están en la disputa, como Valentín Meneses, Mario Montero Serrano, Pericles Olivares Flores, quienes podrían inconformarse por lo cargado de los dados, lo que iría en detrimento de la unidad no sólo del partido, sino del propio marinismo.
También se intenta justificar la triquiñuela con el falaz “argumento” de que López Zavala será el único priísta capaz de negociar con la minoritaria fracción parlamentaria del PAN, pero se olvida que hace poco tiempo la dirigencia estatal del blanquiazul lo desconoció como interlocutor oficial cuando todavía fungía como secretario de Gobernación, después de que se inscribió como precandidato priísta a la alcaldía.
Además, se omite que el ex coordinador del programa de Promoción al Voto del PRI fue denunciado por el ex candidato del PAN en Tehuacán, Sergio Gómez Olivier, por difamar, ofender y calumniar en público y medios impresos. Estos hechos demuestran que no hay buena relación del ex funcionario con el panismo.
Por si fuera poco, durante la semana previa a la jornada comicial, Rafael Micalco lo acusó de “mapache electoral” al responsabilizarlo de maquinar la mutilación de los códigos electorales que se repartieron en los comités municipales y distritales, para que los organismos no pudieran abrir los paquetes en caso de dudas.
Otro elemento que se debería tomar en cuenta antes de esta imposición es que los panistas harían fiesta con un presidente de la Gran Comisión como López Zavala por su alta vulnerabilidad mediática y política, porque antes de navidad la SCJN emitirá su resolución sobre el caso Cacho y todas las señales señalan que no solamente hubo responsabilidad del mandatario en las violaciones a las garantías individuales de la periodista, sino que también algunos funcionarios – como el propio ex secretario de Gobernación – cometieron anomalías y contribuyeron a generar ese escándalo nacional.
De entrada, algunos medios nacionales podrían darse gusto nuevamente denunciando y condenando la falta de aseo y el bananerismo político de Puebla, si una decisión cupular hace que el encargado de “analizar” y “dictaminar” el caso Cacho en el Congreso local sea uno de los ex funcionarios mencionados en el dictamen del ministro Juan Silva Meza, como ocurriría con López Zavala.
Finalmente, de darse la imposición, cabría preguntarse de dónde surge la supuesta fuerza política del ex funcionario: de sí mismo, del cargo que ocupa o de quien lo impulsa, porque alguien que necesita un puesto y recursos públicos para ser precandidato lleva implícita una gran debilidad al fincar sus aspiraciones en una “estructura” basada en el gobierno y no en un trabajo partidista sólido, en la aceptación ante la ciudadanía o en los consensos.
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