La realidad nos alcanzó
¿Alguien se extraña de que Puebla sea el cuarto estado más corrupto del país? La verdad es que me resulta difícil creer que algún poblano medianamente enterado pueda sentirse sorprendido por lo que dijo Transparencia Mexicana, cuando la realidad es que el estado no sale de un escándalo y de pronto le estalla otro, sin que la dependencia de gobierno involucrada o encargada de poner orden haga algo diferente a tratar de negar la realidad.
Veamos: desde luego que los escándalos y negaciones comenzaron con el multicitado caso Cacho, en el que se comprobó que los órganos de procuración e impartición de justicia poblanos fueron puestos a disposición de un particular, para eliminar a una periodista y dirigente social que había denunciado un grave delito, como la pederastia.
Como ha sido una constante, primero se negó la acusación, luego se minimizó y después se tuvo que hacer “negociaciones políticas” con el PAN nacional para silenciar el tema, principalmente a raíz de que Kamel Nacil reconoció en un desplegado publicado en un medio nacional la autenticidad de la grabación y Jean Succar confesó en televisión su afición por las menores de edad.
En Puebla no fue sancionado nadie del TSJ ni de la PGJ por la manipulación y el tráfico de influencias inherentes al caso Cacho, pese a que la PGR ya giró órdenes de captura contra Kamel Nacif y los 5 policías que trasladaron a Lydia Cacho, lo que implica que sí se incurrió en anomalías, aunque esta acción del gobierno federal solamente tenga fines cosméticos y mediáticos.
Claro que el escándalo más reciente es del narcoedil Rubén Gil Campos, cuyo caso demuestra que el dinero de las drogas ya penetró en la política poblana (nadie sabe hasta dónde) y cuya resolución –permitir que el acusado imponga a su cuñado como suplente – demuestra el poder que tiene sobre el gobierno y el Congreso local, que se asumen como sus rehenes.
En un comienzo, Gobernación estatal trató de negar la detención y mintió al decir que el edil favorito estaba en EU, pero por motivos de salud, aunque después la realidad aplastó a los defensores del acusado. Es obvio que ningún funcionario será investigado por sus nexos y negocios con Gil Campos, ni siquiera Carlos Olamendi, el más vinculado a él.
Pero no solamente políticos o funcionarios poblanos se dan el “lujo” de cometer delitos, abusos, aberraciones incluso y evitar que la justicia los toque con el pétalo de una rosa. También los usufructuadores de la fe lo hacen, como lo demuestra el tema del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, que ha sido acusado tanto en México como en EU, pero que se pasea impunemente por la Mixteca gracias a que la PGJ ni siquiera lo investiga.
¿Y qué decir del complot mongol que querían armar dos “próceres” del deporte poblano, como Emilio Maurer Espinosa y Roberto Ruiz Esparza, para “echarle una manita” al Puebla en su lucha por ascender a la 1ra división nacional? Flaco favor le hicieron a la clase política y al sector gubernamental los dos “benefactores” involucrando en su conversación a funcionarios y figuras públicas importantes.
Aunque en esta ocasión fue la Femexfut la que exoneró al equipo, los medios nacionales – sobre todo los deportivos, que son los más seguidos por la gente – se dieron vuelo evidenciado la manera poco limpia con que Maurer Espinosa y Ruiz Esparza planeaban arreglar el ascenso de una escuadra que, al final de cuentas, ha sido capaz de obtener y mantener la categoría sin triquiñuela alguna.
En fin, situaciones como las anteriores se han repetido desde hace bastante tiempo y, en consecuencia, queda claro que la realidad alcanzó a Puebla y que se justifica plenamente que esté ubicada en el cuarto lugar nacional de corrupción, por más que – como siempre hacen en estos casos – el Contralor estatal Víctor Manuel Sánchez Ruiz y demás funcionarios “fiscalizadores” traten de negar la realidad.
Lo que me llama la atención es que Transparencia Mexicana haya encontrado peor a algunos estados y eso me lleva a preguntarme cómo estarán el DF o el Estado de México. A menos, claro, que alguien haya dado una lanita para que esa institución fuera benévola con Puebla y la bajara algunos lugares de esa vergonzosa calificación.
Estocada
Una vez que Izúcar de Matamoros tiene un presidente municipal “de más”, quizá no sería mala idea que el sobrante fuera enviado a Puebla, para que lo pusieran a resolver algunos de los entuertos que el tesorero, el secretario de Gobernación, el General y la titular de Administración, Rubén Ramírez Carranza, Juan de Dios Bravo, César Pérez López y Gabriela García Maldonado, respectivamente, no han podido resolver, como la disputa sindical, la reubicación de cuando menos un grupo de ambulantes, los excesos cada vez peor encubiertos de los agentes de tránsito, la falta de pago a los trabajadores del PRI municipal, la división entre los regidores priístas, entre otros.
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