Parquímetros y andamiaje legal.
El pasado catorce de julio de 2008, sospechosamente el Ayuntamiento de Puebla aprobó de nueva cuenta echar a andar el procedimiento de la concesión de parquímetros, intento de la administración anterior que por razones electorales fue detenida desde comisiones en el Congreso Loca, bajo el argumento de descubrir algunas omisiones; por lo menos esa fue la justificación legal para no discutirse y afectar la competencia electoral, ya que las calles de la Angelópolis son el más grande estacionamiento para los sectores populares de la ciudad capital donde el parque vehicular de trabajadores de todo tipo, empleados de los tres niveles de gobierno, obreros, amasa de casa y demás, se ahorran desembolsar jugosas cantidades al no utilizar el servicio de estacionamiento.
Se ha editorializado mucho sobre la empresa, los empresarios, el negocio, los intereses, y demás realidades o fantasías relativas al tema, solamente que para que todo salga bien el expediente debe quedar incólume, formalmente limpio, sin la más mínima huella de ilegalidad. Y curiosamente este trabajo no se ha alcanzado exitosamente. Para empezar, el dictamen lo presenta la sindicatura municipal con el apoyo del regidor y líder sindical de la FROC-CROC, -ingen su madre los trabajadores, total, ¡ni carcacha tienen! pensará el líder sindical- y se logra una aprobación de panzazo, aunque es la votación mínima exigida para ese tipo de eventos, de acuerdo al mandato del inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución federal. Esto es, que fuera aprobado por las dos terceras partes del ayuntamiento, y como por las nuevas disposiciones municipales el síndico vota, apenas se cumplieron 17votos de un total de 25. (25/3=8.33X2=16.66 votos.).
Pero desde la misma votación, quizá por haber sido engañado, o por inexperiencia, o por lo que haya sido, el destacado regidor representante de la izquierda dura en el ayuntamiento y representante del PRD, formalmente traicionó sus convicciones, pero en su discurso puso en evidencia que votaba ad cautelam, al afirmar “Yo le solicito al Congreso del estado no aprobar la concesión, porque representaría un despojo para la ciudad; es un impuesto más para beneficio de un particular que ganará cerca de260 millones de pesos anuales”, eso dijo el regidor perredista Jaime Cid Monjaraz, al aprobar la decisión de Sindicatura y la propuesta de Sánchez Juárez y Contreras Durán. (E-consulta, 14 de julio de 2088). El panzazo en la votación lo infligieron los votos en contra de dos regidores priistas Guillermina Hernández Castro y Enrique Chávez Estudillo. Que sumados a los cuatro votos del PAN, más uno del PT y otro del PANAL, presentaron un frente opositor inicial de 8 votos.
La alcaldesa busca lavarse las manos, -el proyecto- dice ella, no es de su administración, el asunto está en manos del Congreso y que él resuelva, que citen al alcalde anterior, ¡caracoles! Si eso piensa, sencillamente el tema no debió haberlo retomado, si considera que es un asunto del ayuntamiento anterior y eso creé, el gobierno de la ciudad está frito, ¿Acaso la presidente ya se cansó y desea que regrese el edil anterior? ¿Por qué confundir su autoridad e intentar endosársela a otras personas físicas? –el presidente o presidenta municipal siempre es el mismo, las elecciones sólo sirven para renovar a la persona que encarna el ejercicio del poder temporalmente en una república-, desconocer esto, solamente la declaración evidencia la confusión que en un momento las presiones pueden ocasionar, así no se puede tener a tiempo a la ciudad.
De momento algunos regidores que estaban a favor se echaron para atrás y ahora gritan no a los parquímetros, es más, presentan al Congreso local una lista de irregularidades legales para que la autorización de concesión sea rechazada. No importa que su sumen a los regidores opositores, lo grave es que lo hacen en calidad de regidores golpeando su propio acuerdo tomado por el ayuntamiento el pasado 14 de julio, generando una posible ilegitimidad en la votación. A saber, de 17 votos originalmente a favor y 8 en contra, con la presentación del oficio ante el Congreso, la parte opositora muestra una nueva correlación de votación de los regidores: ahora 10 regidores están en contra con la adición de un regidor priista, y del regidor perredista, con lo cual por lógica el acuerdo emitido representa problemas que le pegan a la legalidad y por ende a la legitimidad de la resolución que tome el Congreso local. Las posiciones y criterios de los regidores Cid Mojaraz y Vázquez Arroyo, estuvieron de acuerdo pero ahora ya no están de acuerdo, y este acontecimiento debe ser resuelto primero, ya que con esa ambivalencia se cuenta con las dos terceras partes de la votación, pero al mismo tiempo no se cuenta con dicha votación. El andamiaje legal se tambalea y a nadie le conviene una inversión privada o una inversión política que pueda ser corroída por el ácido de la ilegitimidad que produce la ilegalidad.
En el Congreso se habla de ir posiblemente a una consulta ciudadana, ¡aja!, por moda se hará una consulta, pero el IEE no autorizó la que le demandó el FAP, o acaso primero será aprobada la ley estatal de participación ciudadana y luego el IEE organiza el evento; en fin, todo parece indicar que el proyecto privatizador de cobrar el estacionamiento en las calles de Puebla, se ha anidado, esto es, se ha enredado, enmarañado y sólo ratifica una vez más la realidad política poblana.
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