Tlacotepec de Porfirio Díaz, o donde las instituciones valen m....
Después del intento de linchamiento y quizá asesinato del diputado Manuel Pérez Vega –Pepe Momoxpan- en el corazón de la sierra Negra, la noticia produjo múltiples interpretaciones, de las cuales pretendo destacar dos; a) que el caciquismo reina sin pena ni gloria como siempre, tal cual sucedió el 23 de marzo de 1993, cuando desde algún centro de poder estatal, se ordenó terminar con los movimientos de movilización municipal opositores al PRI, produciendo muertos y heridos en Tlacotepec de Porfirio Díaz, asesinatos en Coxcatlán, conato de confrontación violenta en Acatzingo, terminando con el repudio de la población y derribamiento del helicóptero del gobernador en Azúcar, con un solo fin, detener por la vía de la provocación y violencia el reclamo popular y la demanda de gobiernos municipales democráticos; y b), que los municipios pequeños y alejados de la ciudad capital, son administrados a control remoto, por radio o teléfono, dejando en manos de amigos o familiares la constitucional tarea de administrar el desarrollo regional de los pueblos.
Caciquismo anquilosado e irresponsabilidad constitucional, legal y administrativa de los munícipes, no son novedad en el estancamiento político poblano, basta observar la cantidad de ex presidentes municipales inhabilitados o con problemas pendientes por notorias deficiencias administrativas y graves daños causados al patrimonio y hacienda municipales. Las elites pueblerinas se vanaglorian con muestras de compadrazgos políticos y un ejercicio del gobierno municipal desde lejos, un ejercicio abusivo de la dominación que ratifica su poderío sobre poblaciones empobrecidas, poblaciones ahogadas en la pobreza extrema, sujetas al intercambio político y miserable como sucedió con el contingente emborrachado y premiado con un arbolito y cien pesos mas aguardiente, utilizado para impedir la entrada a Tlacotepec a Pepe Momoxpan.
Para el ejercicio bárbaro del poder, no existe más ley y autoridad que la del cacique la de su hijo la de su familia y la de sus empleados en jerarquía descendente y por supuesto dando órdenes desde lejos, ¿por qué no desde Tehuacan?, ¡faltaba más! Y en ese contexto pasarse por el Arco del Triunfo el mandato constitucional poblano plasmado en el Artículo 38, que dice “Los diputados deben en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación…y de los obstáculos que impida el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública”.es un asunto muy grave, es una violación constitucional que no debe dejarse pasar por alto. No obstante que esta disposición ni se conoce y por lo mismo en la práctica no existe en la sierra Negra, y menos si la ejercita un diputado de oposición al PRI.
La agresión al diputado Pepe Momoxpan, no sólo es una agresión al Poder Legislativo como parte integrante del órgano colegiado compuesto por 41 diputados, ni dicha agresión queda resuelta con el encarcelamiento de policías. La agresión a un diputado por la policía municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, y su impedimento a toda costa para cumplir con sus tareas constitucionales, es responsabilidad de la autoridad municipal, que no es otra que la totalidad del Ayuntamiento, que violenta flagrantemente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, siendo un grave obstáculo que impide el desarrollo de la riqueza pública; por lo cual, el Congreso del Estado está obligada a dictar las medidas que supriman dicho obstáculo y esa medida no es otra que la revocación del mandato. A la fracción del PRI en el Congreso local por ser mayoría mecánica le llueve en su milpita, y a los casos bochornosos de la ilegitimidad en la CAIP, la duda legalidad en la CEDH, ahora se suma la violación flagrante a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en concreto, a su artículo 38º. por el Ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz.
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