El sistema de seguridad pública
En 1976 el gobierno federal empezó a utilizar como tecnología de gobierno la teoría general de sistemas, el primer ejercicio llevado a la práctica fue la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)¸ a través de la cual el sistema de administración pública federal se dividió en dos grandes subsistemas; el de la administración pública centralizada y el de la administración pública descentralizada, y a su vez cada uno de estos subsistemas fue subdividido, uno en los subsistemas que encabezó cada una de las secretarías y departamentos de Estado, y el otro en cada subsistema formado por los organismos públicos descentralizados; las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, los cuales a su vez se desagregaban en múltiples subsistemas descendentes, los cuales se les otorgó operacionalidad a través de la misma ley, más la ley de planeación creada en 1982, que permitió la formación de reglamentos internos, manuales de organización, de procedimientos, de puestos y funciones etc.,, y por último, cerró la normatividad operacional, la ley federal de entidades paraestatales creada hasta 1986.
De la decisión de utilizar la teoría general de sistemas como tecnología para el ejercicio del gobierno hacia resultados eficaces y eficientes, se vivió una importante revolución normativa, sirviendo como software las reglas antes citadas, además de los planes globales de desarrollo hasta madurar el plan nacional de desarrollo y con él sus respectivos programas operativos, llevando sus efectos a las entidades federativas y a los municipios mediante convenidos de desarrollo. Así, el gobierno federal a través del enfoque sistémico utilizaba una herramienta científica y tecnológica para impulsar un ejercicio gubernamental que fuera capaz de responder a las crecientes demandas de la población en varios rubros como: gobernabilidad, seguridad pública, educación, defensa, trabajo, seguridad social, política agraria, protección al medio ambiente, salud, por citar las más conocidas. De ahí que haya sido en la administración federal 1982 – 1988 cuando fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dicho sistema tenía como elementos integrantes del mismo a la PRG y a las procuradurías estatales y del DF, a los mandos de los cuerpos policíacos tanto preventivos como de la judicial del país, además de la presencia de representantes de la sociedad civil. La participación ciudadana, como parte de la democratización de la sociedad se encontraba representada por líderes de sindicatos, de asociaciones de padres de familia, de organizaciones empresariales y otros, celebrando reuniones de evaluación mensuales a nivel nacional y estatal presididas por los titulares del poder ejecutivo en cada nivel de gobierno y con una fuerte tendencia de actuación en el ámbito municipal en los municipios metropolitanos. Hoy día y muy a pesar de que la regulación del sistema estatal de seguridad pública en el estado de Puebla se ha sistematizado, opera en la práctica como estructura burocrática del poder ejecutivo, reducida – por la información- a oficina de compras de bienes y servicios para abastecer a los cuerpos policíacos, pero de sus sesiones de evaluación nada se conoce, de la participación ciudadana mucho menos. En otras palabras, la burocratización se convirtió en virus del sistema y lo ha atrofiado, de ahí los gritos de refundarlo y perfeccionarlo ante la creciente ola de inseguridad que amenaza a la población en cualquier rincón del país y en particular del estado de Puebla.
Falta de control y seguimiento de emigrantes mexicanos ilegales, enriquecimiento precoz de familias que por años estuvieron sumidas en la pobreza, policías municipales improvisados, estancia y tráfico de vehículos ilegales o sin placas, vehículos sin placas actualizadas, nulo seguimientos de ex presidiarios de alta peligrosidad, con excepción de los municipios cabecera de distritos judiciales los municipios tiene cuerpos de seguridad municipal insuficiente, corrupción sistematizada en la búsqueda de la mordida en lugar de la vigilancia, y tantas otras actividades que exigen análisis para garantizar una seguridad pública mínima en todas las poblaciones de Puebla. Al margen de los buenos deseos, el reclamo creciente de seguridad pública como una política pública eficaz, reclama la reoperacionalización del sistema de seguridad pública en sus niveles nacional y estatal, pero sobre todo se vuelve prioritario ampliar el sistema al ámbito municipal. Urgen la creación de sistemas de seguridad pública municipal con participación de la sociedad civil, es necesaria la presencia de la participación ciudadana en la cruzada contra la inseguridad.
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