Blanca Alcalá miente
Si dice el clásico que en Puebla a quien comete un delito se le llama delincuente, entonces al que lanza mentiras se le llama mentiroso y, lamentablemente, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz cayó en esa calificación tres veces: la primera al culpar a la gestión pasada del asunto de los parquímetros, después al negar que sea la administración de Mario Marín Torres la interesada en sacar adelante este proyecto y la tercera al afirmar que, de haberse negado a aprobarlo, la Comuna hubiera sido penalizada con 500 millones de pesos.
No es de extrañarse que Alcalá Ruiz se haya lanzado a tratar de negar la realidad y a defender a Marín Torres en el caso Jajomar, después de aparecer en la foto junto al delfín Javier López Zavala anunciando que la precampaña conjunta, perdón, el programa de Desarrollo Social para las colonias de la capital será de 20 millones de pesos para este año.
Tampoco es problema que la edilesa sea la única integrante del “gabinete estatal ampliado” que muestra preocupación por dar la cara a favor de quien considera su jefe político.
Lo malo es que recurra a mentiras flagrantes y contradicciones, ya que primero hace que varios columnistas claramente ligados a ella y a López Zavala descalifiquen a los regidores del PRI que no votaron a favor de los parquímetros y, después, quiere deslindarse del proyecto.
Veamos: si la presidenta no respalda que Jajomar, Compensa y OHL hagan el negocio de sus vidas con los parquímetros, por qué hizo que tres de los comunicadores cercanos a ella reclamaran a los priístas que no se sumaron a su propuesta, precisamente, con el argumento de que no la estaban apoyando.
Lo cierto es que basta una somera revisión a la prensa para constatar que el 17 de julio del 2007 el ayuntamiento anterior “decidió suspender la instalación del servicio de parquímetros en la vía pública después de la serie de críticas de los sectores empresarial y universitario al proyecto”, decía la prensa de la época.
Meses después, el 18 de diciembre de 2007, el diario Intolerancia publicó la siguiente nota de Alejandro Camacho Fierro: “el cabildo de Puebla y el presidente municipal Enrique Doger Guerrero decidieron sepultar el proyecto de parquímetros. De esta forma, se turnó a comisiones el punto de acuerdo mediante el cual se instruye al secretario del ayuntamiento para que suspenda el trámite legal de los asuntos pendientes
realizados ante el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobernación, por instrucción del Cabildo, para que la siguiente administración municipal 2008-2011 los ratifique o, en su caso, deje sin efecto”.
También miente Blanca Alcalá al negar que el gobierno sea el interesado en concretar este proyecto, como lo demuestran los múltiples vínculos económicos de la gestión de Marín Torres con OHL, que maneja el estacionamiento y Centro Comercial Paseo San Francisco, hará - por imposición del ejecutivo - la carretera privada que amaga con ser la más cara del país y, ahora, junto con Copemsa y Jajomar explotará el territorio de la ciudad con los estacionómetros.
Además, el artículo 105 inciso 6 de la Constitución Política del Estado de Puebla da al gobernador y al Congreso local las atribuciones legales necesarias, para rechazar la instalación de los parquímetros, porque dice que los ayuntamientos no podrán celebrar contratos que excedan la duración del lapso para el que fueron electos, si no es con la autorización de ambas instancias.
Entonces, la Carta Magna de Puebla deja en claro que, si el gobernador realmente no apoya la instalación de esas máquinas, basta con que no dé su aval al proyecto aprobado por el Cabildo actual o con que ejerza su mayoría en el Congreso local, para que la propuesta sea rechazada.
Finalmente, es falso que la Comuna hubiera sufrido una fuerte sanción económica si no revivía, aprobaba y enviaba al Congreso local el proyecto de Jajomar y Copemsa, debido a que la Legislatura local no ha avalado la concesión, que – en consecuencia – todavía no entra en funciones y, por ende, las empresas beneficiarias no tienen derechos creados ni han realizado inversiones.
A diferencia de lo ocurrido con Mexicana de Mantenimiento en Alumbrado (MMA), cuya concesión de alumbrado sí fue aprobada por el Legislativo, sí tuvo vigencia y sí pudo argumentar haber realizado inversiones, en el caso de los parquímetros jamás se publicó en el diario oficial del estado el inicio de la concesión, que nunca entró en vigencia.
Como puede verse, Blanca Alcalá miente y jurídicamente no estaba obligada a retomar el proyecto de los estacionómetros. La obligación es política y procede del mismo que fue a entregar la construcción de una carretera a OHL.
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