DERECHOS HUMANOS Y LA DISPUTA POR EL MANDO.
Los derechos humanos como parte de los derechos de todos, siguen siendo un excelente instrumento del discurso político poblano cuando la realidad no da para más. Y máxime cuando su defensa ha sido institucionalizada por el principal violentador de dichos derechos – el poder público-. Resulta tautológico que quien se convierte en el agente principal de vulneración de los derechos inherentes de las personas, se preocupe en la construcción de instituciones encaminadas a salvaguardar su defensa, pero así es por descabellado que parezca, por supuesto que tal tautología lleva aparejada de ineficacia de organizaciones no gubernamentales de su defensa que aparecen como esporas que enarbolan simples membretes, por supuesto, con las excepciones que representan distinguidas organizaciones de lucha permanente y auténticamente no gubernamentales.
Dentro de este juego recurrente lo más significativo e interesante es la lucha que cada tres años se desata para encumbrar a un burócrata que presida la CEDH, formalmente creada como organismo constitucional autónomo, pero subordinada en la práctica al poder ejecutivo; ni siquiera porque hace el nombramiento el Poder Legislativo, sus no titulares cuidan el mínimo formal de mirar a este poder como su soporte, no, por el contrario la reproducción del sistema presidencial autoritario alcanza a dicha institución y a sus presidentes que ven en el ejecutivo su máxima autoridad, olvidando que se deben a la representación de la voluntad de la soberanía popular. Lo grave de esto no es que sea una constante y un ejercicio cotidiano, lo grave es que lo apliquen hombres formados en la disciplina del derecho, testimoniando por un lado la formalidad y por el otro la cruda realidad.
En los procesos de nombramiento del ombusman poblano, por alguna razón perversa, además de los titulares de los poderes públicos, intereses privados corporativizados entran el la lucha; de manera particular las organizaciones representantes de la sociedad civil, que ven en sus apoyos la posibilidad de poderse colar en un espacio de poder público para obtener ganancias. Así, hace seis años, en 2002, quien no recuerda la disputa entre Fierro, Molina y Morales, polarizando las apuestas el primero y el tercero. El subprocurador de ese momento con el apoyo de organizaciones de educación superior y privadas, más la mano del entonces secretario de gobernación se impusieron. En el año 2005, ante el cambio de sexenio, los resultados para el nombramiento no se hicieron esperar, la ratificación estaba más que alejada, la teoría política del botín se imponía, quien había ganado la gubernatura ganaba todo, y todo era todo, por supuesto hasta la CEDH. Un personaje salido de la sociedad civil, dedicado a la vida privada asumiría el cargo, sus buenas relaciones con el poder federal y el poder local le ayudaron, pero las condiciones coyunturales que vivió el estado, de manera particular el asunto Lydia Cacho Ribeyro, le produjeron agotamiento precoz. No obstante los grupos de interés jugaron en dicho proceso de nominación: se opusieron a la ratificación, exigieron emisión de convocatoria, pero sus alfiles solo fueron colocados en puestos secundarios y terciarios.
En el presente proceso de nombramiento del presidente(a) de la CEDH, fue clara la sombra que hizo la pugna interna en los centros del poder ejecutivo, tocar o no tocar al condiscípulo del gobernador, esto es, cambiarlo o dejarlo, produjo la decisión de moverlo tarde y apresurada; de nueva cuenta las ONG´s de utilería hicieron su trabajo, exigir convocatoria, de nueva cuenta se agruparon para presionar, pero no contaron con que ahora la lucha sería entre dos secretarías, -por lo menos eso se percibió en la recta final-, tan notorio que antes de la elección en el Congreso, hubo una retirada estratégica, quizá a cambio del segundo puesto, pero las decisiones y acciones evidencian no sólo la lucha por el control del organismo, y el reacomodo de distintas organizaciones de la sociedad civil, se evidencia algo más trascendente, se puso al descubierto una fractura profunda en el núcleo de la elite gobernante.
Las presiones de tiempo, los momentos y etapas de la convocatoria, la pérdida de brújula de los comunicadores, el descartamiento seguro y luego la inscripción a medias del aún presidente, las cartas de apoyo para la ratificación, las descalificaciones anticipadas, la recuperación pública de agravios sociales de los aspirantes, el número de inscritos, y todo lo demás que se quiera anotar, mostró que en el gobierno estatal existe un momento de disputa por el mando que abona a la diaria deslegitimación que atestiguamos los poblanos; por supuesto, repercutiendo negativamente en la destrucción de la eficacia de las instituciones. Si el secretario de gobernación se impuso en el nombramiento que oficializó el parlamento estatal de la futura presidenta de la CEDH ¿ella, cómo hará recomendaciones al poder ejecutivo?
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