Sigue el problema político en Izúcar
Todo parecía haber vuelto a la normalidad, después de la intervención de la Dirección de Gobierno, en el caso del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
Pero diversos chismes y rumores (dicen que así de entiende la política en los pueblos primitivos) han reactivado el problema. Pero hay algo más, se ha dado a conocer el resultado de la auditoría practicada al ayuntamiento, durante los 45 días de reinado de don Rubén Gil, preso en Nueva York por supuesto tráfico de drogas y los resultados han sido desastrosos: el gasto de más de siete millones y medio de pesos, no está debidamente justificado. El propio alcalde detenido en Nueva York, tendrá que responder de ésto, además de sus funcionarios más cercanos, entre ellos el regidor de Hacienda, la Contralora y el ex tesorero, actualmete presidente municipal sustituto.
Pero independientemente del resultado de la auditoría, para cuya solución deberán intervenir los diputados, todo parece indicar que la única solución al problema, será la desaparición de poderes y la integración de un Concejo Municipal.
El ayuntamiento está muy dividido. El grupo que comanda el síndico municipal Rosendo Vidal Soriano, no quiere entrar en acuerdos y el grupo del presidente sustituto Arturo Herrera, tampoco. Así las cosas es posible que el Congreso tenga que intervenir para elegir un Concejo Municipal que lleve las riendas del municipio.
JUAN MANUEL VEGA RAYET, SE DESLINDA
En los rumores y chismes que se han hecho circular por Izúcar, se pretende culpar de los despidos de funcionarios municipales al actual subsecretario de Desarrollo Social, ex alcalde y ex diputado federal y local de Izúcar, Juan Manuel Vega Rayet, cosa que él ha negado categoricamente.
«Ni mi esposa ni yo, hemos intervenido en lo más mínimo en este asunto, precisamente porque no queremos que nos involucren en problemas que no son nuestros.
«Yo estoy dedicado integramente a mi trabajo en la Subsecretaría de Desarrollo Social y aunque me preocupa lo que se está viviendo en Izúcar, no me meto porque estoy plenamente consciente de que no tengo ninguna razón para intervenir en esto. Yo actué en el tiempo en que me tocó ser presidente municipal y ahora corresponde a otros resolver los problemas», dijo.
Vega Rayet es uno de los políticos más reconocidos de la región, por el trabajo que desarrolló como alcalde de Izúcar y por la participación que tuvo en el Congreso local y en el federal. Fue aquí coordinador de la diputación federal poblana.
Como es lógico, ese trabajo que ha sido reconocido por los gobiernos de Melquiades Morales Flores y de Mario Marín Torres y el buen ambiente que tiene entre los ciudadanos comunes, ha despertado envidias en ciertos grupos de políticos, que cada vez que pueden lo agreden, afirmando que pretende crear un cacicazgo.
Su actuación, desde que se inició el problema municipal, ha sido de total respeto a la institución, nos dice.
VOLVEMOS A LOS DESPIDOS DE EMPLEADOS PUBLICOS
Desde que vivimos en un «país democrático», se han hecho comunes los despidos injustificados de empleados en los gobiernos municipales y estatales, por razones meramente políticas.
Los trabajadores o burócratas, como se les conoce, aunque están teoricamente protegidos por la ley, en la realidad no lo están y hacen con ellos lo que quieren.
Esos despidos, que muchas veces además de injustos, se hacen sin guardar las formas de la urbanidad política, sin el pago que legalmente corresponde a los trabajadores despedidos, han sido causa de muchos problemas, incluso entre la población que nada tiene que ver con ellos.
Nada enoja más a la gente, que los gobiernos, sean del partido que sean, tengan un comportamiento contrario a la ley en el trato a sus trabajadores.
En Izúcar fueron despedidos sin causa justificada, cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y cuando habitantes de los catorce barrios que rodean a la ciudad protestaron, el director les ofreció que serían reubicados en sus puestos, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, tres semanas después.
El presidente municipal, Arturo Herrera, comete el error de dar de baja a cinco funcionarios del ayuntamiento al mismo tiempo y cunde la alarma entre todos los empleados.
Y es que el trabajo del personal de un gobierno, sea municipal, estatal o federal, no tiene porque estar sujeto a vaivenes políticos, sino solo a eficiencia o ineficiencia, pero siempre dentro de la ley. Porque si los gobiernos del rango que sean, no cumplen con la ley en la relación laboral con sus empleados, qué pueden esperar los trabajadores de empresas privadas.
El problema de Izúcar que parecía ya resuelto, se ha venido a agavar por esos despidos justificados o no, pero sin guardar las más elementales reglas de la urbanidad política.
Los políticos en general, salvo raras excepciones, han dado muchos pasos hacia atrás, pero eso no es culpa de los empleados que son los que sufren las consecuencias. Por eso cuando se sienten injustamente agredidos, responden con enojo y también se provoca irritación entre los ciudadanos comunes y corrientes.
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