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El Mazo y el Yunque
Raymundo García García

 

 

 


 

 

 

 

La glosa y la fiscalización

 

 

Dentro de las tareas de control y equilibrio de poderes públicos, esencia de la república y de su régimen democrático, el Poder Legislativo, que es el poder público más importante de los tres, y como manifestación de la representación popular que encarna, tiene al lado de la tarea sustantiva de legislar, de cumplir con la tarea estatal de producir y actualizar normas jurídicas, la otra importantísima tarea de ser el poder del control del desempeño administrativo de los poderes. Esta función exclusiva del poder legislativo se aplico por antonomasia hacia en poder ejecutivo, como poder del gobierno vía la glosa de  los informes de trabajo presentados anualmente. Para el caso de nuestro país, al principio de la república dicha tarea fue ineficiente por la misma inestabilidad del poder ejecutivo; y lo ganado en el breve tiempo de la restauración de la república, fue sepultado con el advenimiento de la dictadura. En el siglo veinte la eficacia fiscalizadora por distintos motivos se tropezó: revolución 1910 - 1917, caudillismo 1920-1928, maximato 1928-1937 y dominio del presidencialismo omnímodo resultado del impulso de un sistema de partido hegemónico de 1938 hasta 1988, donde los informes de los poderes ejecutivos federal y estatales, fueron fiestas de auto-alabanzas de los mandatarios.

 

Muy a pesar de que el proceso de modernización del sistema legal mexicano, se ha dado a la tarea de sistematizar las delimitadas funciones de los poderes integrantes del poder público en el proceso de informar sus actividades y de manera especial en el sistema de fiscalizar la actuación ordenada, congruente entrelazando distintos elementos: plan, programas,  evaluaciones, desviaciones o correcciones, presupuesto, ingresos, gasto ejercido; para ello desde 1983 a la fecha se ha dado un lento proceso de reforma legal que ha pasado por acentuar disposiciones en varias leyes como: de planeación, de presupuesto contabilidad y gasto público, de deuda pública, de obra pública y contratación de servicios  hasta llegar a la modernización del sistema de fiscalización con la autonomía técnica del órgano especializado en auditar y fiscalizar el ejercicio de los poderes públicos buscando e todo momento que cuadren los datos, pero lamentablemente, en sistemas en los cuales pervive un régimen político del pasado como sucede en Puebla, las simples modificaciones de leyes no sirven de gran cosa mientras el legislativo sea hegemónico por su número dedicado no a fiscalizar, sino a legalizar la cuenta pública del ejecutivo.

 

Se pregunta ¿para qué las comparecencias de secretarios, procuradores y consejero jurídico?, para glosar el informe del gobernador y aclarar dudas y si no para que los mismos secretarios en su protagonismo y megalomanía muestren sus debilidades, tropiezos y mentiras que pudieran estar contenidas en el informe y ellos sacan a flote. Si no hubiera comparecencias, no se conocería que existen secretarios que al principio por ley se les asigna 500 millones de presupuesto, cuando en realidad ejerce alrededor de 1000, y el resto el ejecutivo los utiliza para transferir a otras actividades, lo graves es que no es el caso de una sola secretaría; sin ese dato no s podría conocer que el ORFISE, sirve solo para dictaminar y proponer a los legisladores que legalicen la aprobación de las cuentas públicas. Porque siempre se informa que los pliegos de observaciones, que se hacen con fines políticos, para darle chance al ejecutivo para una justificación de millonarias transferencias, sin que tal irregularidad de manera incorrecta sea considerada responsabilidad administrativa. En suma: la glosa la fiscalización son exigencia de un sistema de gobierno democrático y de derecho, deben pervivir, la presentación del informe debe ser eso –solo presentación por escrito- y no actos político-partidistas del gobernador, pero sí comparecencias serias de los titulares de la administración centralizada. Afortunadamente estas prácticas autoritarias cada día se acotan y la reciente reforma constitucional federal en materia de fiscalización busca terminar con la simulación.

 

 

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